Coincidiendo con su entrada en vigor este jueves, la Fundación Zaballos ha adelantado a Libertad Digital la constitución de la primera Asociación de Víctimas de la Ley Trans. El objetivo no es solo dar cobertura legal a aquellas personas que puedan llegar a arrepentirse una vez acogidos a la nueva norma, sino también a las leyes autonómicas que desde 2014 se han ido aprobando en muchas comunidades autónomas y que, en muchos casos, comparten la orden de no cuestionar la autopercepción del individuo.
"La asociación ya está constituida, ya está inscrita y tiene un CIF provisional. Estamos terminando la página web y ahora estamos concentrados en tratar de llegar a todas las plataformas críticas, porque nos hemos dado cuenta de que hay que entrar en este asunto antes de que nos encontremos con problemas mucho más graves", advierte Emilia Zaballos, la presidenta de esta fundación que lleva 27 años defendiendo los derechos constitucionales.
A tenor de lo ocurrido en otros países, donde ya están rectificando sus propias leyes trans, esta abogada está convencida de que las demandas en España también serán una constante. Por ahora, ya hay al menos una joven que ha denunciado a la Sanidad pública —concretamente al Servicio Gallego de Salud— por haberla empujado a un proceso irreversible que empezó con la hormonación y terminó con una doble mastectomía y la extirpación del útero y los ovarios. Su caso no sería el único.
Quiénes son las víctimas
"Habrá un aluvión de denuncias, porque nos consta que hay muchas personas que aseguran que se les lavó el cerebro y que ahora quieren revertir el proceso y no pueden, personas que dicen 'a mi se me dijo que, porque hacía determinadas cosas, había nacido en un cuerpo erróneo, y me he dado cuenta de que lo tenia en ese momento pues podía ser una crisis de identidad; pero una crisis de identidad no quiere decir que sea transexual'", explica Zaballos.
En el caso de la joven gallega, Susana Domínguez, años después fue diagnosticada de un trastorno del espectro autista, lo que podría explicar la disforia de género que sentía y que no desapareció ni con la hormonación ni con la cirugía. Precisamente por eso, al igual que la Fundación Zaballos, ella y su madre denuncian la despatologización de lo trans que ya impregnaba la ley gallega y que desde hoy se consagra en toda España, ya que eso significará que muchas personas —y, lo más grave, muchos menores— no tendrán acompañamiento psicológico alguno ni serán diagnosticados de otras patologías que les puedan inducir a error. "Y no te puedes imaginar cómo se ha incrementado el número de suicidios de niños entre 8 y 15 años por las confusiones que les genera todo esto", lamenta la letrada.
Además, Zaballos también señala a otras posibles afectadas: mujeres maltratadas cuyas parejas o exparejas se cambien de sexo y, por tanto, evitarán que sus casos puedan ser juzgados bajo la Ley de Violencia de Genero, una norma que contempla penas mucho más duras y un trato totalmente diferente al que se les daría si sus casos fueran juzgados como mera violencia intrafamiliar o intragénero.
La unión hace la fuerza
La asociación seguirá así la estela de la que la propia Fundación Zaballos ya puso en marcha a finales del año pasado tras la entrada en vigor de la ley del sólo sí es sí o de la que también impulsó para unir a las víctimas del covid-19 y denunciar al Gobierno por su mala gestión. "Cuando detectamos que se vulnera un derecho constitucional, del tipo que sea, tratamos de llegar a todos los afectados o que ellos lleguen a nosotros para agruparlos, incluso aunque ya estén agrupados en pequeñas asociaciones, porque no hay que olvidarse de ese refrán que dice 'divide y vencerás' —explica la abogada—. Por eso, el objetivo siempre es buscar la unión para hacer una asociación mucho más grande".
Su labor se centra a partir de ese momento en darles forma jurídica, asesorarles y "crear un grupo de presión lo suficientemente potente como para que se les de voz y los poderes públicos tomen medidas para resolver el conflicto, ya sea a través de una ley nueva, una rectificación o mediante procedimientos judiciales que terminen dictando una sentencia que sea firme y genere jurisprudencia". En este sentido, Zaballos advierte de que muchas veces, cuando se interponen denuncias individuales, se dispersan entre los cientos de juzgados de toda España, lo que acaba perjudicando a las víctimas: "Al final, nadie se entera y son procedimientos que incluso pueden dar lugar a sentencias que son contradictorias".
En el caso del sólo sí es sí o de la ley Trans, además de contribuir a trazar la estrategia, también se les facilitan psicólogos y psiquiatras que puedan ayudar a paliar el dolor de las víctimas. "Tenemos a profesionales muy involucrados como Javier Urra, el que fuera Defensor del Menor", desvela la abogada, quién insiste en la gran cantidad de voluntarios que ponen su granito de arena para ayudar a los afectados.
Asociaciones sin subvenciones públicas
Por último, Zaballos aclara que la fundación siempre forma parte de la Junta Directiva de las asociaciones: "Primero, porque les ayudamos a ponerlas en marcha y segundo, porque les seguimos acompañando en el desarrollo y hacemos una fiscalización de las mismas para velar porque se cumpla el fin para el que han sido creadas. Es decir, que no haya ninguna manipulación a nivel político, ideológico ni nada".
En esta línea, Zaballos presume de no recibir subvenciones ni ayudas públicas, lo que les permite tener las manos libres para poder actuar contra cualquier Gobierno y administración. "Vamos más lentos, pero más seguros —subraya orgullosa—. Ya son 27 los años que llevamos y jamás hemos tenido que pagar favores ni renunciar a nuestra libertad".