La comisión del Parlamento Europeo que investiga el supuesto caso de espionaje masivo denunciado por el independentismo catalán ha obviado entre su material de trabajo el informe que detalla todas las incongruencias y falsedades del análisis de un departamento de la Universidad de Toronto, el Citizen Lab, que denunció una supuesta operación masiva de espionaje por parte del Gobierno de España contra más de medio centenar de dirigentes independentistas, entre ellos Pere Aragonès, Oriol Junqueras, Quim Torra y Puigdemont.
El presunto caso fue destapado en medios internacionales y se basaba en un pormenorizado análisis forense sobre la infiltración en los teléfonos móviles de los independentistas gracias a un programa llamado Pegasus que comercializa una empresa con sede en Israel llamada NSO. La comisión de eurodiputados lleva por nombre Comisión Pega y es la que ha visitado Madrid estos lunes y martes para entrevistarse, entre otras "víctimas", con Pere Aragonès.
El presidente de la Generalidad ha asegurado que España trata a los independentistas como delincuentes, manifestó sentirse "desamparado" y afirmó en tono dramático antes de comparecer ante los eurodiputados que exigirán al Gobierno toda clase de detalles sobre la vida personal y familiar vulnerados por el espionaje contra ellos sólo por el hecho de ser independentistas.
Esta campaña independentista fue la que le costó el cargo a la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, y la que motivó una denuncia del propio Gobierno ante la Audiencia Nacional en medio del escándalo de la intervención de los móviles de Sánchez, su ministra de Defensa, Margarita Robles y el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska.
Y la campaña sigue con la visita a España de la comisión parlamentaria europea ante la que el independentismo exhibe algunas de sus especialidades, como el victimismo, la manipulación mediática, la propaganda internacional y la desinformación en el contexto de la guerra híbrida que ha desatado contra la democracia en España.
Informe encargado por Jordi Cañas
Un informe firmado por el profesor de Ciencias Políticas de la UNED José Javier Olivas, desvela que los autores del informe Catalangate ni siquiera tuvieron acceso a los teléfonos móviles de dirigentes independentistas supuestamente espiados por el CNI, que el principal investigador del Citizen Lab era Elies Campos, un independentista que fingió haber trabajado en Telegram, mintió sobre su trayectoria profesional y recopiló, junto a personajes como Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont y Torra y Sito Miñanco que, además, fue condenado por colaboración con ETA en el secuestro de Revilla e investigado por supuesto blanqueo de capitales en relación a su defensa del narcotraficante, la información que se suministró al departamento de la Universidad de Toronto y la que se filtró a medios como El País, The Guardian o la revista New Yorker.
El informe fue encargado a este profesor por el eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas y se trata del documento que el independentismo y la comisión de eurodiputados trata de ocultar a toda costa, pues revela los clamorosos errores de carácter forense que invalidan todas las presuntas pruebas del espionaje y subraya las conexiones del independentismo catalán con los servicios rusos implicados en la desestabilización de la Unión Europea.
Prueba del sesgo separatista de la comisión parlamentaria es que rechazó el testimonio del profesor Olivas, que entre otras cosas destaca que dos de las primeras "víctimas" del espionaje español, el expresidente del parlamento autonómico y actual consejero de Empresa de la Generalidad, Roger Torrent, y Ernest Maragall se negaron a facilitar sus dispositivos telefónicos ante el juez aduciendo que ya no los tenían. En el exhaustivo documento se puede leer que "la denuncia original de los Sres. Torrent y Maragall fue archivada el 30 de mayo de 2022, a raíz de la negativa de ambos políticos de proporcionar los dispositivos que afirmaban haber sido infectados para un examen forense. La excusa que dieron estos políticos era que ya no los tenían. Esta justificación no es convincente, ya que sus teléfonos eran la principal prueba de incriminación en sus demandas".
Ni siquiera analizaron los teléfonos
En el informe se dice también que "no hay pruebas de que Citizen Lab llevara un registro preciso de cómo se encontraron físicamente los dispositivos, y parece probable que ningún empleado de Citizen Lab más allá del Sr. Campo tuviera acceso directo a ninguno de los teléfonos y ordenadores analizados. Y lo que es más importante, no hay pruebas de que los dispositivos estuvieran aislados o desconectados de las redes entre los análisis preliminares y los análisis forenses remotos que, presumiblemente, realizaban los empleados de Citizen Lab. Si estos teléfonos estuvieran efectivamente infectados con programas espía o programas maliciosos, las pruebas podrían haberse alterado en el proceso. Al menos uno de los participantes en el estudio admite que meses después de que su teléfono diera negativo, fue contactado de nuevo por el Sr. Campo, que finalmente encontró pruebas de los ataques de Pegasus, que databan de antes del primer análisis. (...) La decisión de Citizen Lab de no analizar físicamente en su laboratorio a ninguna de las presuntas víctimas de Catalangate no está justificada en su informe".
El ruido organizado por el independentismo forzó la dimisión de Paz Esteban tras admitir el Gobierno que el CNI había investigado a 18 dirigentes independentistas vinculados con el Tsunami Democràtic, la organización que coordinó los graves disturbios tras las sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe de Estado que incluyeron la toma del Aeropuerto de El Prat, el corte de las comunicaciones terrestres con Francia y numerosos sabotajes contra trenes y otras infraestructuras.
El papel de Rusia en el "Procés"
El estudio que desmonta las acusaciones independentistas y revela sus mecanismos de desinformación dedica un capítulo a las relaciones separatistas con el Kremlin de Putin y sus servicios secretos. "A pesar de las conexiones conocidas de varios de los participantes con los emisarios del Kremlin, el informe Catalangate no hace ninguna referencia a Rusia y no considera que los servicios secretos rusos ni los piratas informáticos rusos puedan estar detrás de ninguna de las infecciones que afirman haber detectado en España, una hipótesis verosímil que Citizen Lab optó por descartar" señala el informe.
"Casualmente, las últimas rondas de análisis del informe Catalangate fueron realizadas por Citizen Lab poco después de que surgieran varias pruebas incriminatorias de las investigaciones judiciales relativas a las relaciones entre líderes secesionistas y Moscú, y la aprobación en el Parlamento Europeo de una propuesta para investigar los vínculos entre el secesionismo catalán y Rusia en marzo de 2022", apunta el profesor Olivas.
Espías, hackers y desinformación
También destaca que "Organized Crime and Corruption Reporting (OCCR) publicó documentos que confirman y amplían las conexiones entre varios participantes en el trabajo de recogida de información y el análisis forense preliminar para el proyecto –y no reconocidos como tales–, y los servicios secretos rusos para desestabilizar España y la UE. Las audiencias judiciales en España confirman también estos vínculos. La prensa nacional e internacional reflejó repetidamente esta aparente relación de colaboración entre líderes catalanes favorables a la independencia y Rusia durante el período de investigación. Sin embargo, este punto potencialmente relevante se omitió en el informe. Es bien sabido que los piratas informáticos rusos se habían inmiscuido en las instituciones españolas y que promovieron el referéndum ilegal de independencia de 2017 habilitando sitios web alternativos para páginas prohibidas por la policía española y a través de una campaña de desinformación. Por ejemplo, entre el 11 y el 27 de septiembre de 2017, Sputnik publicó 220 stories sobre la crisis catalana y retuiteó 85; existen pruebas de operaciones de amplificación de bots rusos, los mismos que amplificaron los mensajes en apoyo del Kremlin y el separatismo en Ucrania. En febrero de 2019, las presuntas víctimas Josep Lluis Alay y Joaquim Torra difundieron un artículo de Komosomolskaya Pravda en el que se solicitaba la mediación de Moscú en la resolución del conflicto catalán. En diciembre de 2019, piratas informáticos rusos piratearon el canal de televisión público español Canal 24 Horas para emitir una entrevista con el Sr. Puigdemont; el Sr. Sam Jones informó de ello en The Guardian, que meses más tarde advirtió al Sr. Torrent de que estaba siendo espiado, y lo hizo presumiblemente en nombre de Citizen Lab".
Entre las conclusiones del texto que refuta el trabajo de la universidad canadiense en la que se apoyan los separatistas destaca la siguiente: "El informe Catalangate es la piedra angular de una campaña de comunicación internacional para desacreditar a España como democracia y justificar la independencia catalana. La forma en que los resultados se presentan en el informe y la forma en que han sido difundidos por Citizen Lab y los participantes en el estudio parecen confirmar que esta investigación no fue dirigida por un interés puramente académico y fue concebida y ejecutada para justificar una única hipótesis que era la más conveniente para el movimiento nacionalista catalán: el espionaje ilegal por parte de España. El calendario del informe parece haber sido escogido para mitigar el impacto negativo en el movimiento secesionista de algunas revelaciones relativas a su conexión con Rusia, la apropiación indebida de fondos públicos y la organización de actividades ilegales, en 2018 y 2019, para cuestionar el control español de Cataluña. En marzo de 2022, el apoyo a la independencia cayó hasta su nivel más bajo desde 2014; el 38,8 %, y el nivel de movilización también había disminuido considerablemente. La campaña CatalanGate tenía por objeto alimentar la indignación y el descontento y revitalizar así un movimiento independentista en declive".