El sumario de una de las ramas de los ERE —la que afecta al caso Santana Motor— sigue apuntando a los negocios del marido y los cuñados de María Gámez, la socialista que ha sido destituida de la Dirección de la Guardia Civil entre elogios del ministro Fernando Grande-Marlaska. Su marido, Juan Carlos, ya ha sido imputado por sus ingresos y contratos vinculados al plan de 36,1 millones en ayudas a la empresa Santana Motor. Y es que tanto una sociedad del marido, como otra del cuñado de Gámez, Bienvenido, lograron beneficios de esas ayudas multimillonarias.
El cuñado logró nada menos que nueve cargos dependientes directa o indirectamente de la Junta de Andalucía socialista. Los familiares, además, justificaron 280.975 € en "honorarios" en su contrato con una instrumental de la Junta socialista. Y todo ello fue posible por una "falsificación" del convenio por el que se regían las ayudas impulsado por la Consejería en la que había trabajado la propia Gámez y por un segundo motivo: la Junta de Griñán dejó abierto el presupuesto del centro de negocios que gestionaba la familia de María Gámez gracias al contrato con una "instrumental" de la propia Junta socialista de Andalucía, como detalla el sumario.
Hay que recordar que Gámez tuvo cargos muy relevantes en la Junta de Andalucía en pleno periodo de los ERE: fue delegada en Málaga de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, justo el departamento que comandaba la Agencia IDEA, la misma que repartió dinero público en los escándalos de los ERE. Gámez, además, fue delegada de toda la Junta de Andalucía en Málaga —con influencia directa en todas las consejerías— y candidata a la Alcaldía de esta ciudad. Justo en medio de esa órbita de influencia, las sociedades de la familia de María Gámez lograron entrar en el contrato de rescate con 36,1 millones de euros de Santana Motor.
El convenio inicial que debía marcar los límites de la utilización del dinero fue "falsificado"-según la expresión literal utilizada en el sumario judicial-, precisamente, para poder albergar a otras sociedades que no fuesen estrictamente la inicialmente ayudada: Santana Motor. La modificación se conoció como Convenio Massif y la ordenó a finales de 2008 la misma Consejería en la qua había trabajado hasta ese mismo año María Gámez y sobre la que siguió más tarde manteniendo influencia por su ascenso como delegada en Málaga de todos los departamentos de la Junta de Andalucía.
Gracias a esa "falsificación" entraron empresas de la familia de Gámez en el contrato. Pero el sumario aporta más información: datos que proceden de boca directamente de los responsables de la época de los departamentos afectados. El sumario señala que "comoquiera que se vierten importantes acusaciones de irregularidades cometidas, se consulta el Diario de Sesiones del Parlamento de Andalucía entre febrero y abril de 2011". Efectivamente en "los diarios de las sesiones de 10/02/2011 y de 26/04/2011 en que el Consejero de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, Antonio Ávila Cano" compareció y dio detalles sobre el funcionamiento de un Centro de Negocios de Empresa de Andalucía en Madrid, dependiente de la Agencia IDEA, cuya gestión fue entregada a una de las sociedades de los familiares de María Gámez con una remuneración de casi 340.000 euros.
Allí el consejero reconoció que el "Centro se ubica en un inmueble propiedad de la Agencia IDEA, y por carecer de personalidad jurídica no cuenta con un Director, sino que es dirigido por la propia Agencia IDEA, a través de FAGIA". Fagia es una instrumental de la Junta denominada Fomento, Asistencia y Gestión Integral de Andalucía, que, "tiene subcontratados esos servicios", como señaló el consejero de aquella época. "Fagia es quien lleva las tareas de seguimiento de las labores realizadas".
Fagia contrató con la empresa Experience Management Group [la del cuñado de María Gámez] los trabajos correspondientes a las tareas de ejecución de líneas estratégicas, elaboración de propuestas de presupuestos de actuación, de puesta a disposición de emprendedores, de servicios de asesoramiento", aseguró el consejero. Pero los investigadores destacan en el sumario una frase esclarecedora: "Dada la propia naturaleza del Centro de Negocios de Andalucía en Madrid no existe un Presupuesto definido para el mismo en el sentido de no ser un centro independiente", dijo el consejero.
"El centro se adapta a las necesidades que se plantean, necesidades que son objeto de valoración, a medida que se plantean las demandas concretas de servicios y que justifican la tipología de la relación existente", añadió el alto cargo. ¿Y quién decidió que hubiera esa subcontrata? La junta del entonces presidente regional José Antonio Griñán. ¿Y quién no exigió la elaboración de un presupuesto real y cerrado? La Junta de Griñán. ¿Y quién evaluaba las ampliaciones de gasto? Los distintos cargos de la Junta de Griñán.