Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal están aprovechando los acuerdos de gobierno suscritos tras el 28-M para delimitar el terreno de juego en el que van a moverse después de las generales. Si se confirman las encuestas, ambos partidos tendrán que sentarse a negociar y estas semanas previas están siendo cruciales para ir fijando posiciones que no pillen desprevenido al adversario, en un futuro posible aliado.
El PP no quiere atarse a Vox bajo ningún concepto, convencido de que echarse en manos de la formación de Abascal puede alejar a los votantes de centro. La estrategia pasa además por agitar, de nuevo, el llamado voto útil para empujar al electorado a apostar por Feijóo si quiere dejar fuera de la ecuación a Vox, como ocurrió en Andalucía con la mayoría absoluta de Juanma Moreno, o más recientemente en Madrid con Isabel Díaz Ayuso.
De ahí se explica el empeño en rechazar la permanente mano tendida que le lanzan los de Abascal para formar gobiernos en todos los lugares donde dé la suma. El mensaje de Feijóo pactando con regionalistas en Canarias o Cantabria es claro: Vox no es nuestra única opción para gobernar.
A estos acuerdos se une la negativa de pactar con Vox en la región de Murcia o en los Ayuntamientos de Sevilla, Palma de Mallorca y Valencia, donde se han quedado a pocos representantes de lograr la mayoría absoluta y suman más que toda la izquierda junta. En este caso la advertencia del PP a los de Abascal pasa por dejar claro que no van a ceder allí donde crean tener fuerza suficiente para ir por libre, aunque suponga configurar gobiernos más débiles que deban negociar "puntualmente" cada medida.
La encrucijada para ambos partidos
Los de Feijóo se muestran convencidos de que Vox no podrá oponerse en estas circunstancias a un gobierno en solitario del PP y dejar que gobierne la izquierda. Esta es precisamente la mayor esperanza para la dirección popular de cara al 23-J. Lograr una mayoría suficiente, aunque no sea absoluta, que permita dejar a Abascal fuera del gobierno pero le fuerce a apoyarles bajo el riesgo de repetir elecciones y y suponga dar otra oportunidad a la izquierda.
Es aquí donde los de Vox han puesto pie en pared con Murcia como aviso: "No cederemos nuestros votos gratis". Un aviso que vienen repitiendo desde hace meses y que podrían llevar hasta las últimas consecuencias si el PP no se aviene a razones y se sienta al menos a dialogar con ellos para pedirles formalmente sus votos a cambio de algún tipo de cesión, que no tiene por qué ser su entrada en gobiernos.
Abascal envía así un doble mensaje: por un lado a sus simpatizantes para que no vean despreciados sus votos; por otro al PP para cortar de raíz las pretensiones de Feijóo de tener una suma suficiente que le permita gobernar en solitario, aunque no sea una mayoría absoluta. Lo ocurrido en Murcia deja al descubierto además otro cálculo con el que Vox va a jugar sus cartas: no sólo exigirá en función de los votos que necesite el PP, sino también de la fuerza que le hayan dado los electores.
En Vox se empeñan en repetir que el PP ha dejado fuera de la Mesa de la Asamblea al 18% de los murcianos, exhibiendo con orgullo el cómputo total de apoyos que ha obtenido y no sólo los dos escaños que le faltan a Fernando López Miras para llegar a la absoluta. Un aviso a navegantes de cara al 23-J: no sólo será relevante saber cuántos escaños necesita Feijóo para gobernar, si no la fuerza con la que cuente Vox en total dentro del Congreso.
Las líneas rojas ideológicas
Al margen de los números, especialmente relevante es el programa de gobierno pactado en la Comunidad Valenciana, donde ambos han dejado claras sus posiciones ideológicas, es decir, en qué están dispuestos a ceder y cuáles son las líneas infranqueables.
Vox ha puesto especial empeño en la libertad de elección de lengua, la memoria histórica y la ideología de género, ante lo que el PP ha tenido que ceder para aceptar términos como "violencia intrafamiliar", al tiempo que Vox ha renunciado a exigir derogar toda la legislación al respecto.
Una mínima concesión teniendo en cuenta que su mayor sacrificio lo hacía entregando políticamente a su candidato, Carlos Flores, al que ha tenido que recolocar en el Congreso por el veto del PP para que fuera vicepresidente. Una baza que les ha permitido incluir mayor carga ideológica en las medidas acordadas y que se ajustan bastante al programa de Vox, permitiendo que puedan utilizar el pacto como un escaparate de cara al 23-J.
Los populares han enviado al mismo tiempo el mensaje de que pueden pactar con Vox en caso de necesidad, sin superar sus líneas rojas. Ambos ganan de cara a su electorado, al que tienen que volver a convencer en unas semanas para que les otorgue la confianza suficiente que les permita echar a Pedro Sánchez y los suyos de la Moncloa.