La Generalidad de Cataluña no está dispuesta a esperar a la decisión del Tribunal Constitucional sobre el 25% de español en la enseñanza obligatoria. A pesar del cambio de mayoría en el órgano y a que los nacionalistas consideran probable que mantenga las disposiciones legislativas catalanas contrarias a ese porcentaje, el gobierno autonómico quiere blindar todavía más el sistema de la inmersión lingüística y reducir el español a idioma extranjero, reduciendo la presencia del idioma a las clases de lengua castellana.
La intención del decreto es consagrar el carácter vehicular del catalán, imponer su uso en todas las actividades extraescolares, exigir el título de C-2 a todos los profesores y que el personal docente y el no docente utilicen sólo el catalán. Esto supone que hasta el personal que atienda los comedores escolares y los proveedores de toda clase de servicios en el ámbito educativo tendrán vetado el uso del español bajo pena de sanciones, de medidas disciplinarias e incluso se contempla la rescisión de contratos.
El nuevo decreto obligará tanto a los centros públicos como a los concertados (bajo la amenaza estos de la pérdida de las ayudas públicas) así como a las empresas o entidades que participen en la educación de los alumnos. También se prevé proteger a los directores de los centros al pasar los proyectos lingüísticos a ser competencia exclusiva de la consejería, lo que evitaría multas o sanciones administrativas a los responsables que no apliquen fallos judiciales como los relacionados con el 25% de español en las aulas
Traducciones, pero nunca en español
Las comunicaciones con los padres también se llevarán a cabo exclusivamente en catalán y en el caso de familias procedentes de otros países, la Generalidad se ocupará de traducir la documentación al idioma de origen a fin y efecto de no tener que expedir ninguna documentación en español. El decreto insiste en la prohibición de porcentajes en la enseñanza de las lenguas, medida destinada a torpedear las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ratificadas por el Tribunal Supremo.
La Generalidad aduce para implantar este decreto, que ya ha empezado su fase de tramitación, el "riesgo" de que haya un cambio de Gobierno y los "ataques" contra el catalán que atribuye a los nuevos gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana, formados por PP y Vox.