El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ratificado el 25% de español en tres centros educativos catalanes y está a la espera de recabar información para decidir sobre la medida en otras dos escuelas. Entre los centros en los que se ratifica el fallo del 25% en un aula estaría el Turó del Drac de Canet de Mar, la escuela donde los independentistas y la consejería de Educación señalaron a la familia que pleiteó para lograr que se incluyera el español en la enseñanza de su hija.
La decisión del TSJC responde a las peticiones de tres familias en unos centros donde ya se aplicaba de forma cautelar la sentencia del 25%. Sin embargo, la sección quinta de la Sala Contencioso Administrativa del TSJC ha rechazado impugnar el proyecto lingüístico del centro tal como pedían las familias recurrentes.
En esta ocasión, el tribunal no se refiere al porcentaje, sino que se limita a señalar que se debe impartir otra asignatura troncal no lingüística en castellano. Así, la resolución del TSJC apunta que los centros en cuestión "deben garantizar como mínimo, además de la materia correspondiente al aprendizaje de esta lengua, otra área, materia o asignatura no lingüística que se considere como troncal".
En la actualidad una treintena de centros en Cataluña aplican la sentencia del 25% si bien no en todas las clases sino en aulas determinadas. Para incumplir la sentencia, el gobierno catalán dictó un decreto que fijaba los usos lingüísticos en la enseñanza y mantenía la discriminación del español. Ese decreto se complementó con una ley de usos lingüísticos aprobada en el parlamento autonómico con los votos de los grupos independentistas y del PSC. Tanto el decreto como la ley, así como la sentencia del 25% están a la espera de lo que dictamine el Tribunal Constitucional. Los partidos separatistas consideran que con la nueva mayoría en el Constitucional no debería haber problemas para validar sus normas y enterrar definitivamente el 25%.
Ahora, el independentismo ha aprovechado la resolución del TSJC para redoblar sus advertencias sobre una supuesta oleada contra el idioma catalán tras los pactos de PP y Vox en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares. La nueva consejera de Educación, la republicana Anna Simó, ya ha anunciado además que recurrirán la resolución del TSJC ante el Tribunal Supremo y que se iniciarán los trámites para desplegar la ley de usos lingüísticos en la enseñanza.