La ley electoral española prevé que siete días antes de la celebración de unas elecciones deje de ser legal publicar encuestas. Es una medida casi decimonónica y sin ningún sentido en la sociedad actual, pero aún así dos líderes políticos tan distantes como Santiago Abascal y Pedro Sánchez han criticado los sondeos que publican los medios de comunicación y el primero incluso ha abogado este pasado lunes por hacer más extensa esa prohibición en lugar de eliminarla.
Es un disparate sólo comparable a que Pedro Sánchez, responsable de que el CIS se haya convertido en una agencia de manipulación y orientación del voto al servicio del PSOE y sufragada con dinero público, diga que las encuestas de empresas privadas buscan hacer justo lo que hace Tezanos en el centro público.