El precio a pagar por Pedro Sánchez en caso de que necesitara a los independentistas para quedarse en la Moncloa fue uno de los ejes de la campaña electoral en Cataluña. Mientras Junts per Catalunya (JxCat) se ceñía al clásico y ortodoxo lema de "autodeterminación y amnistía", ERC ampliaba la subasta a asuntos como el déficit fiscal o el traspaso completo del servicio ferroviario de corta y media distancia. Pero que Sánchez estuviera en disposición de ser investido tras el 23-J no cotizaba nada en las expectativas postelectorales del independentismo. Más bien se temía un Gobierno del PP y Vox.
La tarifa, el precio, es el monotema del día después y los principales dirigentes de Junts explotan la situación en los medios. Se aferran a la "coherencia" de la "amnistía y la autodeterminación", pero de entrada no descartan un proceso negociador. Contra todo pronóstico y de carambola, los siete diputados del partido de Puigdemont en el Congreso de los Diputados son absolutamente decisivos.
El secretario general de JxCat, el indultado Jordi Turull, es uno de los que más "claves" ha aportado. En declaraciones a la emisora del conde de Godó, el dirigente separatista ha apelado a la calma. De entrada, pretende pasar cuentas con ERC, muy debilitada tras los dos últimos resultados electorales. Aunque JxCat ha quedado por detrás de ERC, con 392.634 votos, el 11,16% y dos puntos y medio menos que en 2019, se ha erigido en el árbitro de la situación política española. ERC obtuvo 462.883 votos (el 13,16%), pero mientras que JxCat sólo perdía un diputado al pasar de ocho a siete, ERC pasaba de 13 a 7, un auténtico descalabro.
La decisión, en Waterloo
La llave de la investidura de Sánchez está en manos de JxCat, se decidirá en Waterloo, y el prófugo Puigdemont prepara una explotación intensiva de esta oportunidad. La importancia de JxCat y el expresidente de la Generalidad es inversamente proporcional al peso del independentismo en las urnas. El conjunto de partidos nacionalistas (ERC, JxCat, CUP y PdeCat) han pasado del 42,7% de los votos en las pasadas generales al 28,1% de esta convocatoria, un porcentaje que supone el peor resultado de los partidos de obediencia catalana desde 1982. Sin embargo, el foco está Junts y sus dirigentes aprovechan el momento. Vienen de haber perdido la alcaldía de Barcelona por un pacto entre el PSC y el PP con el apoyo de Colau, de perder las diputaciones de Lérida, Tarragona y Barcelona. Estaban contra las cuerdas, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) había sentenciado a las puertas de la campaña electoral que Puigdemont y los fugados eurodiputados carecían de inmunidad y la nueva composición del Congreso les ha situado en una posición de privilegio
Las condiciones
Jordi Turull ha dado cuenta de la estrategia a seguir. En primer lugar, unidad independentista. Ajuste de cuentas con ERC en el marco de la guerra permanente entre republicanos y "juntaires" por la hegemonía en el campo separatista. En segundo, que esta vez "se paga por adelantado". Literal. Junts no se fía de la palabra de Pedro Sánchez y si hay investidura será porque se aceptan las condiciones independentistas en su integridad. Y tales condiciones son la amnistía y la autodeterminación, Puigdemont regresando a España sin cargos y sin tener que comparecer ante los tribunales y un referéndum de autodeterminación acordado y vinculante.
Turull ha señalado que "ahora mismo no veo la investidura de Sánchez por ningún lado" y que "la abstención no es un escenario", pero no ha cerrado las puertas a explorar una negociación. "Son ellos los que nos necesitan a nosotros. Las urnas no han dado este papel", ha resumido el secretario general de JxCat. Waterloo vuelve a estar en el centro del escenario de la política nacional. El futuro de Sánchez depende de un prófugo de la justicia al que el Tribunal General de la UE no reconoce ninguna inmunidad parlamentaria.