Tras las elecciones del pasado 23 de julio, los de Puigdemont presumen de tener "una oportunidad de oro". En el peor de los casos, Pedro Sánchez necesitará su abstención para ser investido de nuevo presidente. En el mejor -si el voto de los españoles en el extranjero hace bailar algún escaño-, tal vez requieran incluso su voto afirmativo. Por eso, ya han dejado claro que su precio será alto y pasará inevitablemente por el referéndum que llevan años reclamando.
A muchos todavía les cuesta creer que Sánchez -el mismo que el pasado viernes volvió a negar en TVE esta posibilidad- se enmiende a sí mismo una vez más. Sin embargo, el hoy presidente en funciones cuenta con una vía intermedia amparada por la Constitución, que le permitiría justificar este nuevo "cambio de opinión". Se trata del referéndum consultivo que contempla el artículo 92 de nuestra Carta Magna y que ya en 2021 fue planteado como una solución por algunos ministros socialistas como Carmen Calvo o Miquel Iceta.
Las declaraciones de Calvo e Iceta
"El presidente dijo ayer que todo lo que pueda estar en el marco de la legalidad constitucional forma parte de la política de nuestro país", defendió la entonces vicepresidenta del Gobierno en RNE. Acto seguido, sin embargo, aclaró que aquel no era el momento: "No estamos en eso. Estamos para salir de una pandemia, para remontar la crisis económica y social". Las declaraciones de Calvo —el mismo día, por cierto, en el que acudía a Cataluña para participar en la entrega de los Premios Princesa de Gerona— no venían sino a lanzar un mensaje de tranquilidad a los independentistas: todo a su debido tiempo. Y, para reforzar su discurso, recordaba que ya con los indultos el Gobierno había acabado con "lo que siempre se ha dicho que era un obstáculo para avanzar".
Ese 1 de julio de 2021, el ideólogo de esta medida de gracia, Miquel Iceta, también apostaba abiertamente por lo que muchos calificaron como "un traje a medida" para Cataluña: votar en referéndum "un gran acuerdo sobre autogobierno, financiación y participación de las comunidades autónomas en el diseño de las políticas del Estado". Pero, al igual que Calvo, terminó diciendo: "Tiempo habrá para hablar".
El momento bien podría ser éste, puesto que, a diferencia de lo que sucedió en la anterior legislatura, ahora la última palabra sobre la investidura de Pedro Sánchez la tiene Junts. Los de Puigdemont se pudieron permitir votar en contra en 2019 sin aguarle la fiesta, pero, en esta ocasión, el líder del PSOE precisa cuanto menos de su abstención y, tal vez, de su voto afirmativo.
Lo que dice el artículo 92
En esta tesitura, y aunque no es ni mucho menos la única posibilidad, el fantasma del referéndum consultivo -que, por supuesto, podría ser vendido como algo más por los independentistas- vuelve a planear sobre Cataluña. "Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos", reza el artículo 92 de nuestra Carta Magna, la única baza de Sánchez para hacer equilibrios, sin salirse -al menos aparentemente- del marco constitucional.
La maniobra, no obstante, debería contar con el beneplácito de la Corona, ya que, tal y como establece la Ley fundamental del Estado, "el referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados". En la Cámara Baja, Sánchez no tendrá problemas: a pesar de haber jugado a la ambigüedad durante la campaña electoral, las distintas formaciones integradas en Sumar abogan abiertamente por el referéndum y el resto de sus futuros socios son independentistas. El camino, por tanto, estaría ya más que allanado.