El Gobierno ha filtrado su su supuesto rechazo a negociar un referéndum de autodeterminación con Junts. Se trata, por cierto, del mismo referéndum que el resto de socios separatistas de Pedro Sánchez le piden igualmente y aseguran que conseguirán en esta próxima legislatura. Pero, sobre lo que fuentes del Gobierno no ponen demasiado esfuerzo en rechazar, es la segunda de las peticiones del prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont: la amnistía de todos los golpistas condenados o en proceso judicial. Miembros del PSOE admiten que ya pactaron con ERC un compromiso similar pero camuflado para "sacar de la Justicia" los delitos relacionados con el separatismo. Es decir, una amnistía oculta.
Miembros del partido de Pedro Sánchez admiten que no se rechaza negociar fórmulas para evitar nuevos encarcelamientos ligados a los delitos vinculados al golpe separatista. La amnistía es la fórmula más visible y polémica, pero hay otras vías hacia el mismo resultado.
Hay que recordar que el presidente catalán, Pere Aragonés, ya pidió hace un año a Pedro Sánchez la paralización de las acciones judiciales contra los más de 300 casos de violencia callejera por separatismo encausados judicialmente. Aragonés exigió, de hecho, un perdón general para los violentos ya confirmados como tales y para los que lo acaben siendo en futuros referéndum. Y Sánchez ni lo rechazó ni intentó simular una sorpresa por la petición: ERC es uno de sus socios estrella y registró hace más de un año en el Congreso una petición formal y por escrito para proceder al archivo de toda actuación judicial para los CDR y Tsunamis. Toda una impunidad o inviolabilidad penal para quienes han defendido y defienden con violencia la ruptura de España y, además, extensible a quienes preparan ya nuevos referéndum separatistas. Es decir, una amnistía camuflada en toda regla y sin visibilidad.
ERC, de hecho, exigió más. Pidió el referéndum separatista. Y Sánchez, hasta el momento, ha concedido a sus socios todo lo que le han pedido. Ya ha concedido un indulto a la cúpula del golpe separatista del 1-O. Después les rebajó el delito de malversación. Eliminó igualmente el delito de sedición. Entregó la competencia penitenciaria al País Vasco, que procedió a usarla para excarcelar a 32 etarras. Y ha negociado todo tipo de apoyos políticos, proyectos y presupuestos con Bildu. Todo ello acompañado de inversiones presupuestarias adicionales para sus feudos políticos.
Y, ahora, Puigdemont —y Aragonés previamente— quieren impunidad plena para los delitos relacionados con el separatismo: incluido el impulso de nuevos referéndums de ruptura de España.
El documento de ERC presentado en el Congreso ya en aquel momento no dejaba lugar a dudas y se parece mucho a la petición de amnistía de Puigdemont. Recogía un mandato principal: "Cumplir con las recomendaciones dirigidas al Estado español incluidas en la Resolución 2381 (2021), de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa". Y toda una serie de aclaraciones que perfilan a la perfección las exigencias de los separatistas.
De este modo, el documento aseguraba que Sánchez debía "indultar a los presos políticos catalanes" y retirar "los procedimientos de extradición contra los políticos catalanes que residen en el exilio por organizar el referéndum y otras manifestaciones masivas". A esas reclamaciones se le sumaba la exigencia de "retirada de todos los procesos penales, incluidos los relativos a funcionarios de menor rango involucrados con el referéndum de 2017 y abstenerse de sancionar a los políticos sucesores de los presos políticos por acciones simbólicas que meramente expresaban solidaridad con aquellos en prisión".
Y, para finalizar, pedia a Sánchez "asegurar que el precepto penal sobre malversación de caudales públicos se aplique de tal manera que la culpabilidad se determine, si y sólo si, las pérdidas para el presupuesto estatal o en sus activos, es real y cuantificada". Este último punto ya ha sido reformado en esa dirección.