Si algo ha demostrado Pedro Sánchez a lo largo de los cinco años que lleva en La Moncloa es que la Ley nunca será un impedimento para satisfacer sus intereses. Tras batir todos los récords y convertirse en el presidente que más ha usado la figura del decreto-ley -reservada, a priori, para asuntos de urgencia-, ahora el líder del PSOE podría haber dado un paso más allá al saltarse la norma que regula el Gobierno en funciones con tal de lograr el beneplácito de Junts para situar a Francina Armengol al frente del Congreso de los Diputados.
Los de Puigdemont habían exigido estos días "hechos comprobables" y esos hechos llegaron coincidiendo precisamente con la votación en la Cámara Baja. "Les confirmo que, como parte de la negociación con Junts, hemos solicitado la modificación del Reglamento 1/58, que regula el régimen lingüístico en la Unión Europea, para que se incluyan como lenguas oficiales las lenguas ya cooficiales en España: catalán, euskera y gallego. Para hacerlo, he dirigido, en mi calidad de ministro de la Unión Europea, una carta a la Presidencia de la Unión Europea, que somos en este caso el mismo Estado miembro que lo solicita, lo cual no representa ninguna anomalía -se justificaba el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, durante su comparecencia-. Lo hemos consultado con los servicios jurídicos de la Comisión y del Consejo, y va en copia la secretaria general del Consejo, Thérèse Blanchet".
Lo que dice la Ley del Gobierno
La carta no tendría más relevancia que el resto de cesiones al independentismo si no fuera porque, en este caso, no es una promesa a futuro, sino que se trata de un hecho consumado que, además, podría incumplir la Ley del Gobierno en funciones que, en su artículo 21.3 establece que éste "limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas".
Lógicamente, un pacto para la conformación de la Mesa del Congreso -o un primer pago de cara a un acuerdo de investidura- no parece ser un caso de urgencia. De hecho, ni el presidente ni el ministro se han esforzado en acreditar debidamente la misma, ni el interés general que justifique una solicitud que incluye, además, que el cambio lingüístico sea incluido en el orden del día del Consejo de Asuntos Generales del próximo 19 de septiembre.
La defensa de los socialistas pasa por esgrimir que una solicitud como la realizada no es una medida en el sentido estricto de la palabra, por cuanto para consumarse la modificación que exigen los independentistas se debe contar con la unanimidad de los Estados miembros de la Unión Europea. Sin embargo, esta nueva jugada de Pedro Sánchez demuestra la tendencia de este Gobierno a retorcer las normas a su antojo con tal de satisfacer sus intereses.
El abuso del decretazo
No en vano, estamos ante un presidente cuyo mandato se ha caracterizado, entre otras cosas, por la desvirtuación de la figura del decreto-ley -reservada para casos de urgencia-, convirtiéndola en una herramienta recurrente para saltarse el debido debate parlamentario inherente a cualquier democracia. El pasado mes de junio, Sánchez cerró su mandato para convocar elecciones habiendo aprobado nada menos que 138 decretos-ley, un 26% más que Mariano Rajoy, a pesar de que estuvo un año más al frente del Ejecutivo, y un 15% más que los aprobados por Rodríguez Zapatero en sus ocho años de Gobierno.
Su hacer ha sido así duramente criticado por los juristas, quienes han denunciado reiteradamente el "uso abusivo y sin justificación " que el presidente ha hecho de esta figura para "aprobar medidas de asuntos que nada tienen que ver unos con otros y evitar el debate parlamentario" que podría frenar sus planes. "El Gobierno publica en el BOE estos decretos sin cumplir con los requisitos de urgencia y necesidad que los fundamentan. Se han convertido en reglas omnibús y en cajones de sastre en los que se aprueban masivamente medidas muy dispares", denunciaban fuentes jurídicas en Libertad Digital. "Están arramplando con el Estado de derecho", sentenciaban. Lo sucedido este jueves no sería sino un paso más en esta dirección.