Tras eliminar el español como lengua vehicular de la enseñanza en Baleares, Francina Armengol aterriza en el Congreso de los Diputados dispuesta a eliminar el español como lengua vehicular de la Cámara Baja. "Esta presidencia permitirá la utilización de todos estos idiomas desde esta sesión constitutiva: del catalán, del euskera y del gallego", anunció el jueves en su primer discurso.
Apenas 24 horas después, en una entrevista concedida a la Cadena SER, matizaba que su objetivo es "hacerlo lo más rápido posible", pero que tendrá que "mirar con los servicios técnicos de la Cámara todas las posibilidades para luego tomar la decisión". Su cautela -aunque sea a posteriori- no es baladí. A la dificultad técnica y personal que supone organizar de un día para otro debates parlamentarios en todas las lenguas cooficiales con traducción simultánea para los diputados, se suma el elevado coste que la medida supondría para el erario público y, por tanto, para el bolsillo de los contribuyentes.
No en vano, pese a que en 2021 los socialistas ya se unieron a los independentistas para integrar plenamente el catalán, el euskera o el gallego en cualquier actividad del Senado -donde su uso ya se permite en determinados supuestos- la medida no llegó a implementarse debido al dineral que Junts estimó que habría que invertir para ello. Hacerlo en el Congreso probablemente implicaría una cantidad mucho mayor, ya que la actividad de la Cámara Baja es muy superior a la que registra la Cámara Alta.
Un millón de euros, como poco
En total, según calcularon los de Puigdemont por aquel entonces, solo en el Senado, el gasto rondaría los 950.000 euros. Una cifra que muchos tacharon de excesiva e innecesaria, cuando todos los senadores tienen una lengua común, que es el español. "Gastar un millón de euros en un capricho es una auténtica barbaridad", sentenciaba el portavoz de Vox en la Cámara Alta, Jacobo González.
Desde el PP, Alicia Sánchez Camacho advertía, además, de que la cifra final podría ser muy superior a las previsiones, como ya había ocurrido en 2010, cuando se anunció que permitir el empleo de lenguas cooficiales en el debate de mociones supondría 70.000 euros al año y terminó costando 350.000. Por ésta y otras razones, lo cierto es que, dos años después, la medida sigue sin implantarse.
El gasto actual en Congreso y Senado
El Reglamento del Congreso no prohíbe expresamente la utilización del euskera, el catalán o el gallego en los plenos, pero tampoco lo contempla. Por ello, los distintos presidentes de la Cámara Baja siempre se han inclinado por permitir las citas o frases breves en las lenguas cooficiales, pero no toda una intervención, de tal forma que no se precisan traductores. En el año 2006, durante las negociaciones para llevar a cabo una reforma de dicho reglamento, fue precisamente la falta de acuerdo en este punto lo que impidió cualquier modificación.
En el Senado, sin embargo, la situación es diferente. Como cámara de representación territorial, los distintos grupos parlamentarios han acordado dar más cabida al uso de las lenguas cooficiales. En 1994, se autorizó el uso del catalán, el euskera o el gallego en la primera intervención del presidente en la sesión constitutiva, en las intervenciones en el debate sobre el estado de las autonomías y en los escritos de ciudadanos e instituciones dirigidos al Senado.
En 2005, se aprobó, además, permitir su empleo en todas las sesiones de la Comisión General de Comunidades Autónomas, así como la publicación de todos los textos del Senado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales en las tres lenguas cooficiales. La última reforma, la llevada a cabo en 2011, amplió los supuestos, permitiendo a los senadores utilizar todas las lenguas oficiales en la defensa de mociones ante el Pleno, así como registrar todo tipo de escritos en estos idiomas.
El Senado se llenó entonces de ‘pinganillos’. La Cámara Alta adquirió 400 equipos de traducción con auriculares para que los senadores pudieran seguir las sesiones por valor de 4.526,48 euros. Sin embargo, el coste más elevado responde a los traductores. En total, se estimó que cada sesión costaría unos 12.000 euros. Según el último acuerdo alcanzado en 2020, estos profesionales cobran 555,22 euros por cada jornada de trabajo, a los que hay que sumar 180 euros de dieta, 5,43 euros por minuto de interpretación y 0,19 euros por kilómetro en caso de desplazamiento.