Tras superar el medio centenar de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año, el Ministerio de Igualdad ha vuelto a convocar este miércoles al llamado comité de crisis en materia de violencia de género, en el que están representadas las comunidades autónomas, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía. Sin embargo, Irene Montero ha evitado una vez más comparecer ante la prensa para dar la cara ante unas cifras que no vienen sino a demostrar la ineficacia de una cartera que, paradójicamente, cuenta con la partida más alta de la historia para luchar contra esta lacra.
En su lugar, han vuelto a ser la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pam, y la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, las que han tenido que atender a los medios. Con dos horas de retraso, la número 2 de Igualdad comenzaba su intervención reconociendo que el pasado mes de septiembre ha sido, "sin paliativos, uno de los peores meses desde que existen recuentos". Sin embargo, lejos de hacer autocrítica, Rodríguez Pam ha vuelto a repartir culpas. Esta vez, entre aquellos a los que tacha de "negacionistas" y el resto de las instituciones del Estado, incluyendo a los profesores o a los médicos. "En primer lugar, debemos abandonar el negacionismo y, en segundo lugar, romper con el silencio cómplice de los agresores", ha sentenciado.
Balones fuera
"Creemos que abandonar el negacionismo es fundamental para salvar vidas. Es preocupante que hayamos tenido tanto tiempo una conversación en este país sobre si esta violencia existe o no -ha insistido la número 2 de Montero tras ser preguntada por el dramático repunte de feminicidios-. Cuando tenemos 50 asesinadas, la conversación más importante que tiene que tener España es cómo llegar a tiempo para salvar estas mujeres".
Además, la secretaria de Estado ha denunciado la falta de "detección proactiva", algo que achaca, entre otros, a médicos y profesores: "Tiene que haber detección en el ámbito educativo, de manera muy especial en el ámbito sanitario y, muy especialmente, en los servicios de Salud Mental. No es aceptable que haya víctimas que han sido asesinadas que llevaban décadas acudiendo a los servicios de Salud Mental o a los Servicios de Atención Primaria o de cualquier otro servicio de nuestro Sistema Nacional de Salud y no se haya detectado nada".
En este sentido, Rodríguez Pam considera imprescindible que estos profesionales hagan preguntas sobre violencia de género de forma protocolaria a algunas de las mujeres que acuden a sus consultas, de la misma forma que a los pacientes se les pregunta si fuman habitualmente. "Si una mujer lleva 30 años acudiendo a un servicio de Salud Mental porque tiene una depresión, es probable que sea necesario introducir preguntas obligatorias para que esta mujer pueda hablar con naturalidad con el personal que le atiende durante esas décadas sobre la situación que pueda estar sufriendo su casa", ha puesto como ejemplo.
Lo mismo habría que hacer, a su juicio, con cualquier mujer "que tiene un problema de vivienda y que va a ser desahuciada o que acaba de ser desahuciada y que está pidiendo ayudas o que tiene una situación de discapacidad o una enfermedad muy grave y está siendo usuaria de los Servicios Sociales de su comunidad o de su ayuntamiento".
Exigir los antecedentes penales a turistas
Respecto a otras posibles medidas a adoptar, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha puesto sobre la mesa la posibilidad de reclamar los antecedentes penales a los turistas extranjeros, ya que uno de los presuntos asesinos del pasado mes de septiembre era un ciudadano noruego con antecedentes en su país.
Para ello, Rosell ha planteado la necesidad de avanzar hacia un "Viogen europeo". Mientras tanto, considera que un comienzo puede ser "tener en cuenta los antecedentes por violencia machista, como se tienen otros como los de terrorismo, a la hora de emitir visados de turistas o, desde luego, de residentes de mayor duración", al menos, para todos aquellos que provengan del espacio Schengen. Según ha explicado, las fuerzas de seguridad creen que esto también serviría para animar a las posibles víctimas a denunciar.
La ineficacia del Ministerio de Igualdad
Llama la atención, sin embargo, la falta de autocrítica de un ministerio que cuenta con la partida más alta de la historia para luchar contra la violencia doméstica y que, sin embargo, tal y como han denunciado distintos colectivos feministas, despilfarra el dinero en medidas totalmente ineficaces. "Nos consta que ese dinero se está destinando a marketing publicitario, a talleres de catas de chocolate o a pintar bancos públicos, en lugar de a proteger a las víctimas", denunciaba el pasado mes de enero el Fórum Política Feminista.
Cuando Irene Montero recibió la cartera de manos de Carmen Calvo, los presupuestos del Ministerio contemplaban una partida de 220 millones de euros. Aquel 2020, se registraron un total de 48 asesinatos. En 2021, Podemos consiguió que el Gobierno de coalición elevase la cifra hasta los 229 millones. Sin embargo, el número de víctimas fue exactamente el mismo.
Tras insistir en que el problema era la falta de presupuesto, en 2022, las cuentas del ministerio elevaron la partida destinada a la violencia de género hasta los 265 millones de euros. Récord absoluto. Desgraciadamente, y segúnuno reflejan las propias estadísticas de Igualdad, dicha cantidad no solo no consiguió reducir los asesinatos, sino que estos subieron a 49. Con las 50 víctimas mortales que llevamos en lo que va de 2023, Montero supera así su propio récord. Y lo peor es que los expertos temen que la cifra suba considerablemente de aquí a final de año, ya que todavía faltan tres meses para despedir este 2023.