La Ley de amnistía está provocando una reacción social, política y judicial sin precedentes que amenaza también con convertirse en un conflicto institucional de consecuencias impredecibles. El Congreso y el Senado protagonizarán en los próximos meses un choque que podría acabar trasladándose a los juzgados, donde parece también inevitable el enfrentamiento entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.
Vox ha pedido al PP hacer valer su mayoría absoluta en la Cámara Alta para no permitir la tramitación de la norma por ser inconstitucional. Dado que PSOE y Sumar impondrán su mayoría en la Mesa del Congreso para calificar la ley, el partido de Santiago Abascal reclama al de Alberto Núñez Feijóo utilizar esta táctica en la Mesa del Senado pero en sentido contrario, para frenar en seco la ley por atentar contra la Carta Magna.
Una vía que ayer no descartó la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, cuando anunció en rueda de prensa que su partido se opondrá a la tramitación de esta norma en la Mesa del Congreso por ser "inconstitucional" y añadió, a preguntas de la prensa, que "lo que es inconstitucional en el Congreso, lo es también en el Senado", abriendo así la puerta a esta posibilidad.
La portavoz del PP esgrimió como precedente lo ocurrido en 2021, cuando el PSOE rechazó en el Congreso tramitar una amnistía argumentando que era inconstitucional. "Son ellos los que han cambiado de opinión, nosotros no nos hemos movido", defendió Gamarra que admitió la posibilidad de acabar en "conflicto institucional" entre cámaras, cuyo alcance vendrá determinado por la ambición de Pedro Sánchez para seguir en el poder, según dijo.
Las vías para dejar varada la ley
Diferentes fuentes parlamentarias consultadas por Libertad Digital coinciden en señalar que el Reglamento de la Cámara Alta impide paralizar la tramitación de una norma ya aprobada por el Congreso, salvo para el techo de gasto. Sin embargo, dada la excepcionalidad del momento, sería posible reformar el texto que rige el funcionamiento del Senado o pedir un informe al letrado mayor de esta cámara para rechazar su calificación por la Mesa, que serviría además al PP para blindarse ante posibles actuaciones judiciales.
De esta forma, la Ley de amnistía quedaría bloqueada, en lugar de retrasar su tramitación, como pretende hacer el PP con la reforma del Reglamento aprobada ayer, que permite al Senado invalidar la tramitación urgente para las Proposiciones de Ley. De esta forma, el margen de 20 días se amplía hasta los dos meses, una vez que la norma es aprobada por el Congreso.
El conflicto jurídico estaría entonces asegurado ya que el PSOE podría acabar querellándose contra la Mesa del Senado por prevaricación, al dejar la norma varada en una especie de limbo. En respuesta a esa denuncia, los senadores podrían también recurrir a la Justicia al ver sus derechos fundamentales vulnerados por situarles ante la disyuntiva de tener que decidir sobre una norma inconstitucional.
Vox amenaza además al PP con querellarse contra los miembros de la Mesa del Senado si dan trámite a la Ley de amnistía. Por tanto, al choque habitual entre partidos, se suma ahora un importante conflicto institucional entre ambas cámaras. Un enfrentamiento que será la tónica habitual esta legislatura.