Apoyo cerrado del Grupo de Puebla a los ataques al supuesto lawfare. Se trata justo del punto pactado por el PSOE y Junts para favorecer la investidura de Pedro Sánchez en España y por el que han puesto el grito en el cielo todas las asociaciones de jueces y fiscales de España por la violación del estado de derechos que implica. Y quien lo apoya es el Grupo en el que siempre se ha sentido plenamente representado José Luis Rodríguez Zapatero. Pues bien, la última declaración de este grupo donde están Delcy Rodríguez, Rafael Correa, Evo Morales, Irene Montero, Baltasar Garzón o el canciller de la dictadura cubana, ahonda en la necesidad de combatir lo que ellos llaman "lawfare en Latinoamérica". Justo el punto clave de la legislatura de Sánchez en España.
El documento de la organización encargada de la diseminación del comunismo por todo el mundo señala su defensa de la "integración regional para defender la autonomía, la dignidad y la seguridad material de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe". También exige "reemplazar el Modelo Neoliberal por un Modelo Solidario De Desarrollo, enfocado en la inclusión social, la generación de valor, la transición ecológica, una institucionalidad social y la construcción de una nueva ciudadanía democrática". Reclama "actuar frente a la crisis climática y exigir a los países desarrollados que ratifiquen los protocolos y acuerdos globales de cuidado medioambiental y apostar por la promoción, difusión y acciones que permitan la concreción de los Acuerdos de Escazú". Pide a "Ucrania y Rusia" decretar "un cese temporal al fuego y explorar la posibilidad de un diálogo en busca de la paz, siguiendo las propuestas de varios líderes internacionales como Xi Jinping, Luiz Inácio Lula da Silva y el Papa". E igualmente aboga por "que los gobiernos progresistas impulsen medidas para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres [allí estaba Irene Montero, que llegaba de defender su ley que ha excarcelado a casi 200 violadores por ahora], y promuevan la equidad, derechos y oportunidades con perspectiva feminista".
Pero esa misma comunicación incluía una lista de "denuncias". Y la primera era para "el lawfare, que continúa suprimiendo los liderazgos progresistas en la región". Acto seguido defendía sus dictaduras, denunciando "las medidas coercitivas y unilaterales contra Venezuela y Cuba" y la "injerencia de la OTAN y la exacerbación de conflictos geopolíticos".
El texto va a más: "El Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) reitera su apoyo a las compañeras y compañeros del movimiento progresista en América Latina ante la persecución de sus partidos políticos, el desconocimiento -en algunos casos institucional- de sus resultados electorales y el uso de los poderes fácticos para desprestigiar los gobiernos que promueven el cambio", en referencia al lawfare. "Desde CLAJUD [organismo acordado por el Grupo de Puebla en su reunión inicial de Julio de 2019 con "el objetivo de estudiar y combatir la utilización de la justicia como arma de guerra política y sus efectos devastadores en la gobernanza y la institucionalidad democrática de la región"] condenamos la presencia sistemática del Lawfare en América Latina y la judicialización de la política, rechazamos las medidas coercitivas unilaterales hacia Venezuela y Cuba e insistimos en el cese del ataque a las condiciones básicas de la democracia, como son las libertades políticas. Es necesaria la finalización de estas actuaciones para garantizar la consolidación de una agenda progresista que responda a los desafíos globales", señala el documento.
Se trata de la misma acusación contra las instituciones españolas y, de forma destacada, contra los jueces que sostienen Junts, ERC, Bildu, Sumar y ahora ya el PSOE con la firma de sus acuerdos de investidura.