El miércoles, en la larga sesión parlamentaria celebrada en el Senado debido a las obras del Congreso, además de aprobarse 2 de los 3 decretos y de rechazarse las enmiendas a la totalidad del PP y Vox a la ley de amnistía, el Ejecutivo consiguió sacar adelante los objetivos de estabilidad para el 2024. Se trata del primer paso para elaborar los Presupuestos Generales del Estado.
Una cosa quedó clara en aquella jornada. Pese a lo que había asegurado el PSOE tras la rúbrica de los acuerdos entre Santos Cerdán y Jordi Turull, los socialistas no han firmado ningún pacto de legislatura con Junts y cada voto tendrá que negociarse. Durante el debate de los objetivos de estabilidad, el portavoz separatista, Josep María Crusset, siguiendo la línea de Miriam Nogueras, advirtió al Gobierno que "si no hacen las cosas diferentes, no obtendrán" su voto y que ellos no están en "ningún bloque".
Los socialistas se preparan ahora para otra negociación agónica: la de los Presupuestos. En Moncloa llevan trabajando en las cuentas desde este verano, cuando vieron que era posible enhebrar una mayoría escuálida pero que impidiese al PP gobernar. Los distintos departamentos ya han enviado varios borradores a Hacienda y ahora quedan los pactos finales entre PSOE y Sumar para conseguir un acuerdo.
Contra Madrid
Moncloa es consciente de la importancia de estas primeras cuentas para afrontar la legislatura. No pueden fallar en los primeros Presupuestos de este nuevo Gobierno: probaría la ingobernabilidad en la que se hayan inmersos y les llevaría a una repetición electoral. Así que las cesiones serán grandes.
Junts todavía no ha dejado entrever todas las cartas con las que jugarán pero se sabe que, al igual que ERC, han puestos sus ojos sobre lo que consideran como "dumping fiscal de Madrid". O lo que es lo mismo: la libertad de las comunidades para bajar los impuestos. Los separatistas quieren, a la vez, más autonomía fiscal para ellos, y que se recorte la posibilidad de otras comunidades a la hora de competir.
Hacienda, que ha simpatizado con estas posturas calificándolas de "armonización", tiene pendiente la reforma del sistema de financiación autonómica. Queda por ver si la ministra María Jesús Montero se abre ahora a tipos mínimos en sucesiones que impidan a las comunidades bajar los impuestos.
Y la deuda histórica
Tanto ERC como Junts pondrán sobre la mesa un escrito aprobado por ellos en el Parlamento de Cataluña y en el que cifran la deuda histórica en 456.000 millones de euros . Esta millonada sale de una comisión parlamentaria catalana en la que estaban representados sólo 5 partidos (ERC, Junts, la CUP, PSC y En Comú Podem) de los 8 que hay en la Cámara, ya que ni PP, ni Ciudadanos, ni Vox quisieron participar. Las conclusiones fueron aprobadas con el voto favorable de los separatistas (ERC, Junts y la CUP) y el voto contrario de PSC y En Comú.
Según este documento, el Gobierno de España les adeuda 375.000 millones de euros en partidas sociales, 51.000 millones en inversiones no ejecutadas en infraestructuras y , por último, 30.000 millones de diferencia entre la cantidad aportada por los ciudadanos de Cataluña a la Seguridad Social y la que reciben en pensiones. Queda ahora por ver cómo se traducen todas las exigencias en un acuerdo para sacar adelante los Presupuestos.