Los independentistas a los que se pretende beneficiar con las enmiendas a la ley de amnistía
De Puigdemont a los hijos de Pujol, pasando por aquellos que pudieran ser condenados en la investigación abierta por el acoso a la familia de Canet.
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Carles Puigdemont
Junts pretende incluir en la ley de amnistía los delitos de terrorismo como el que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón atribuye a Carles Pugidemont. Sus enmiendas, sin embargo, buscan blindarse ante cualquier movimiento que pudiera dejar en el aire la medida de gracia, como, por ejemplo, el hecho de que el Supremo decida consultar a Luxemburgo por el encaje de la ley en la normativa europea. Precisamente por eso, especifican que el levantamiento de todas las medidas cautelares también deberá producirse “cuando se suspenda el procedimiento en virtud del planteamiento de cualquier cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.
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Marta Rovira
Al igual que a Puigdemont, la Audiencia Nacional también señala a Marta Rovira como responsable de Tsunami Democràtic. De ahí que tanto ERC como Junts hayan querido blindar su amnistía, sacando el terrorismo del listado de delitos excluidos de la medida de gracia.
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Los hijos de Jordi Pujol
En su afán por proteger al clan de los Pujol, Junts propone adelantar dos meses la fecha de cobertura de la amnistía: de enero de 2012 a noviembre de 2011. Según los investigadores, ese mes de diciembre, los tres hijos de Jordi Pujol (Jordi, Oriol y Josep) habrían participado en las reuniones preparatorias de la consulta ilegal de 2014.
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Josep Lluís Alay
Otra de las enmiendas de Junts va encaminada a incluir los casos que ellos consideran ‘lawfare’. De esta forma, se pretende que la amnistía ampare los delitos derivados de “operaciones policiales artificiosas y/o prospectivas orientadas a la criminalización de cargos públicos y/o su entorno, siempre y cuando no hayan conllevado efectivamente un incremento patrimonial de origen ilícito”. Esto podría beneficiar principalmente a a Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont en Waterloo, investigado por la trama rusa y pendiente de juicio por pagar con dinero público un viaje al referéndum de autodeterminación del territorio francés de ultramar de Nueva Caledonia en 2018.
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Laura Borràs
Desde Junts también se ha barajado la posibilidad de incluir en los mencionados casos de lawfare a su presidenta, Laura Borràs, condenada a cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación por fraccionar contratos cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC), entre los años 2013 y 2017. Este caso provocó que Borràs fuera apartada de la presidencia del Parlament, forzada por ERC y la CUP, que nunca han considerado que su condena tuviera que ver con el proceso independentista.
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Gonzalo Boye
Al igual que Borràs, entre los otros nombres que barajan los de Puigdemont se encuentra el del abogado Gonzalo Boye, investigado junto al narcotraficante Sito Miñanco en un caso de blanqueo de capitales. Cabe recordar que el hoy defensor de los más destacados dirigentes independentistas fue condenado en 1966 por colaborar con ETA en el secuestro del empresario Emiliano Revilla.
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Oriol Junqueras
El indulto al líder de ERC no afectó a la pena accesoria de inhabilitación, que no concluye hasta 2031. Precisamente por eso, las enmiendas de ERC y del PSOE pretenden asegurarse ahora de que la entrada en vigor de la ley de amnistía también supondrá la “finalización de la ejecución” de todas las penas accesorias.
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Posibles condenados por el acoso a la familia de Canet
Entre las enmiendas que Junts ha presentado en solitario, también se incluye la ampliación de la amnistía a los agravios y críticas llevados a cabo a través de la prensa, medios de comunicación, redes sociales o actividades educativas. En este apartado podría contemplarse la investigación abierta contra los cuatro tuiteros que vejaron, insultaron y amenazaron a la familia de Canet que logró la primera sentencia para blindar el 25% del castellano en las escuelas.
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