La Comisión de Venecia visitó España para analizar la ley de amnistía hace dos semanas. Se trata del máximo órgano consultivo europeo y tendrá que informar sobre la legalidad de esa reforma por petición del Senado español. Su informe será analizado por el Tribunal de Justicia Europeo al estudiar la amnistía. Y, por todo ello y consciente de su importancia, el Gobierno prefirió que fuera Félix Bolaños —y no el letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo— el que se reuniese con los enviados por Venecia. Y Bolaños cumplió con su función: intoxicar con todos los argumentos separatistas, entre ellas, con la supuesta existencia de una Operación Cataluña de lawfare contra los independentistas. El bombardeo llegó a tal punto que los enviados no dejaron de consultar posteriormente sobre este asunto, que ha sido rechazado en innumerables ocasiones por la Justicia.
El Gobierno sabe de la importancia del dictamen de la Comisión de Venecia y tiene claro que va a intentar teledirigirlo, aunque el reto será difícil para los hombres de Pedro Sánchez. Por eso la visita previa de los enviados de la Comisión se convirtió en todo un alegato en defensa del separatismo y los golpistas.
Bolaños no dudó en defender las razones de Junts, la existencia de un supuesto plan de lawfare contra ellos, la ilegalidad de las investigaciones a los golpistas —que el propio Pedro Sánchez firmó en 2019—, la necesidad de una ley de amnistía para perdonar a todos los golpistas, etc.
Pese a ello, lo cierto es que los enviados tienen en estos momentos en sus manos toda la documentación sobre los ataques a los jueces, los señalamientos de magistrados con nombres y apellidos, la explicación de la reforma del delito de terrorismo por la puerta de atrás, los intentos de asalto judicial, las admisiones continuas de un supuesto y falso lawfare, etc. Y, sobre todo, la explicación jurídica de la enorme voladura constitucional que supone el intento de amnistía que tramita el PSOE.
Igualdad ante la ley
La Comisión de Venecia es un organismo del Consejo de Europa cuyos expertos internacionales no han dejado de reclamar el blindaje del principio de la igualdad ante la ley plasmada en el artículo 14 de la Constitución Española. Su dictamen definitivo será emitido en un mes. Pero será difícil que tuerza los principios que no ha dejado de defender de forma prioritaria. Y uno de ellos es una trampa mortal para los intereses de Sánchez. La Comisión de Venecia no ha dejado de reforzar la validez del principio de igualdad ante la ley. Y la amnistía hace saltar por los aires ese principio al generar una casta incontrolable por las leyes.
Por otra parte, es extraño que las instituciones de la Unión Europea —como el TJUE— se aparten de sus posiciones. De este modo, en la práctica, la Comisión actúa de forma similar a los órganos consultivos españoles. Y ya es consciente de que sus equivalentes nacionales, de hecho, han sido marginados y apartados intencionadamente de su función de emitir informes ante la evidente descalificación que pueden hacer de la ley de amnistía. La Comisión de Venecia ya ha informado sobre una norma española. Lo hizo en 2016 y sobre la Ley de Reforma del Tribunal Constitucional. Igual que lo hizo en 2021 sobre la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.
De hecho, la propia proposición de Ley de amnistía menciona en su preámbulo a la Comisión de Venecia. Y lo hace para mencionar un acta de una sesión plenaria de marzo de 2013. Pero no para explicar su contenido: porque esa acta, corresponde a un dictamen sobre la Ley de amnistía de Georgia. Y justo en ese dictamen la Comisión de Venecia descalificó la amnistía por violar el Estado de derecho.
La argumentación fue demoledora y señaló que, incluso en el caso de amnistías previstas constitucionalmente -caso que evidentemente no es el español- su aplicación debería ser totalmente excepcional y "sólo" en el "contexto del final de conflictos, dictaduras, insurrecciones, inmediatamente después de la transición democrática, pero no más tarde".
El dictamen fue a más y señaló exigencias inviolables en su aplicación. Y dos de ellos eran la prohibición de la arbitrariedad y la igualdad ante la ley.