Mientras el PSOE exige transparencia al PP respecto a sus relaciones con Junts per Catalunya (JxCat), los negociadores del Gobierno afinan los términos de la amnistía con sus pares de Junts y prometen indultos a todos aquellos que puedan quedar fuera de los efectos de la proposición de ley. Los posibles aspirantes a esa segunda vía, la del indulto, son muchos y de gran relieve. Ahí está el clan de los Pujol, la condenada por corrupción Laura Borràs, Gonzalo Boye, abogado de referencia de los golpistas (condenado por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla y ahora encausado por supuesto blanqueo de capitales del narco Miñanco), los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos y procesados por preparar explosivos y hacer seguimientos de posibles víctimas, la misma Marta Rovira, encausada en el Tsunami terrorista y Puigdemont, sobre el que planean los delitos de terrorismo y de traición por las vinculaciones de su entorno con elementos del régimen asesino de Putin.
La intención de Pedro Sánchez y su Gobierno es librar de sus responsabilidades a todos los delincuentes separatistas, sea cual sea el delito que hayan cometido, tenga que ver con el golpe de Estado de octubre de 2017, con la corrupción sistémica del pujolismo, con el terrorismo puro y duro orquestado por los líderes golpistas (encarcelados y fugados) en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2019 y con las acciones que preparaba un grupo de "respuesta táctica" de los CDR que tenía conexiones con importantes cargos de la Generalidad, entre ellos el propio Quim Torra.
La maniobra de socialistas y separatistas no tiene nada que ver con funcionarios que fueron obligados a firmar contratos ilegales para publicitar el golpe o directores de escuela que cedieron sus centros para el referéndum ilegal, según aducen los promotores de amnistías e indultos, sino con quienes tejieron vínculos con notorios criminales rusos a fin de que reconocieran una república catalana cuyo destino era ser el paraíso fiscal putinesco de las criptomonedas al tiempo que se desestabilizaba a la Unión Europea. Tienen que ver también esas medidas con quienes lanzaron a las masas al asalto del Aeropuerto de El Prat y de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona asumiendo sin problemas que se pudieran producir víctimas. Y con quienes tenían planes terroristas muy avanzados jaleados por unos políticos que les animaban a "apretar". Más los corruptos, sus sicarios y sus representantes legales.
Es la factura que abona Sánchez con recursos que no le pertenecen ni le corresponden para mantenerse en la Moncloa. Amnistía, indultos, impunidad absoluta y sin disimulo para sus socios separatistas, ya sean vascos, catalanes o, si fuera menester, gallegos. Amnistía para todos. E indultos a la carta para aquellos cuyos crímenes no se puedan colar en la ley de amnistía. Ese es el acuerdo previo a la investidura, el pacto de Sánchez con sus aliados, la rendición del Estado de derecho, de la igualdad entre españoles, de la unidad nacional. Barra libre total para los amigos del sanchismo.