La Audiencia de Barcelona ha reactivado el caso relativo a las subvenciones que el Ayuntamiento de la capital catalana concedió a entidades como el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y la organización Ingeniería Sin Fronteras (ESF). Esas subvenciones fueron concedidas durante los mandatos de Ada Colau, quien formó parte de algunas de esas organizaciones.
La Audiencia ha aceptado un recurso de los denunciantes, la Asociación de Juristas Constitucionalistas por las Libertades y la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática en contra de la decisión del juzgado de instrucción número 21 de rechazar más diligencias e insta a dicho juzgado a que reclame al consistorio y a las entidades beneficiadas con las subvenciones que justifiquen el destino dado al dinero.
Según el auto, la indagatoria sobre el destino de las ayudas "puede contribuir a valorar el carácter excepcional que justificaría estas subvenciones". También destaca que, dado que parece que las entidades destinaron gran parte del dinero a gastos de personal, "pudiera resultar que quienes concedían la subvención sabían que estaban facilitando el pago de retribuciones a sus compañeros o excompañeros, en vez de destinar el dinero a finalidades adecuadas para un ayuntamiento".
La Audiencia entiende que "existen indicios de la posible comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos" y ordena al juzgado número 21 que cite a la interventora como imputada para explicar por qué se concedieron las subvenciones sin concurrencia pública.
Pugna judicial
La decisión de la Audiencia no sólo es un varapalo para Ada Colau sino también para el juzgado de instrucción 21 y la fiscalía, empeñados en archivar la causa. La Audiencia de Barcelona ya reabrió la causa una primera vez, en noviembre de 2022. En aquella ocasión, la sección quinta de la Audiencia emitió un auto en el que aseguraba que "existen suficientes elementos para no descartar su participación en los hechos de autos que podrían ser constitutivos de delitos, principalmente de prevaricación".
Ese mismo año y tras el archivo, las mismas entidades recibieron dinero público por la misma vía. El Observatorio DESC (que empleó a muchos de los actuales rectores del Ayuntamiento de Barcelona y en el que también consta el abogado de Puigdemont Gonzalo Boye) logró 174.570 euros para dos proyectos. El primero, "Repensemos el derecho a la ciudad pospandemia". La ayuda para repensar ascendió a 74.806 euros, 29.882 euros para 2022 y 29.167 para que siguieran repensando en 2023. El segundo proyecto llevaba por título "Contratación pública, empresa y derechos humanos en época de transición ecosocial", ambicioso enunciado para el que se destinaron 99.764 euros diferidos en varios años.
Otro frente en el Tribunal Supremo
Por otra parte, el empresario Paco Medina, impulsor del Open Camp de Barcelona (un parque temático del deporte en el anillo olímpico de Montjuich), se ha querellado contra los exconcejales de Barcelona en Comú (el partido de Colau) Gerardo Pisarello, Jaume Asens y Eloi Badia, a quienes acusa de una "estrategia concertada criminal" para hundir su empresa. La denuncia, presentada en el Tribunal Supremo dada la condición de aforado de Pisarello, es por coacción, extorsión, falsedad, fraude, prevaricación, cohecho y financiación ilegal. Está en manos de la sala segunda del Supremo, la que preside Manuel Marchena.