En sólo unas horas, el equipo más cercano al presidente del Gobierno ha pasado de rehuir a los periodistas a charlar de manera distendida. ¿El motivo del cambio? El visto bueno de la Comisión de Justicia al dictamen sobre la ley de amnistía. Durante semanas, hubo dudas de su viabilidad porque Junts "no se movía" de sus planteamientos, incluso dejaron caer que se podrían prorrogar los Presupuestos. Todo cambió tras el estallido del Caso Koldo. Cuando más débil estaba Sánchez, Puigdemont vino a "amnistiarlo" a cambio de retoques sustanciales en las fechas, la definición de terrorismo y la de traición.
En Moncloa creen que, una vez sacada la ley fundacional de la legislatura, se allana el camino a los Presupuestos. "Está encarrilado", repiten a coro en el Ejecutivo donde ya no temen, a diferencia de hace unos días, que cualquier palabra pueda malinterpretarse en Waterloo y dar al traste con la aprobación de la ley de amnistía que, pese a los remiendos en forma de enmiendas transversales, definen como "trabajo de orfebrería jurídica" y afean a "algunos operadores jurídicos que opinasen" (en contra, se entiende).
El propio Sánchez soñaba desde Chile, donde estaba de visita oficial, con finalizar la legislatura en 2027 pero los más realistas saben que, si consiguen aceptar las nuevas exigencias de Junts, conseguirán sacar los Presupuestos de 2024 . Si extiende su idilio con Carles Puigdemont a final de año, quizás consiga sacar los de 2025, y luego ya se verá. En el Gobierno y en el partido respiran aliviados porque ya se ven ejerciendo el poder hasta 2026, como poco.
¿Para cuándo?
En Ferraz y en Moncloa constatan que, de momento, en Junts hay "voluntad negociadora" y los socialistas sentencian que están "trabajando para un acuerdo". No se ponen un calendario pero en Hacienda ya trabajan con la idea de darles luz verde en el Consejo de Ministros a finales de marzo o principios de abril.
A partir de ahí, se iniciaría el proceso de tramitación parlamentaria en el Congreso que se extenderá durante casi dos largos meses. Primero; con la presentación de enmiendas, la celebración de las comparecencias de cada ministro, el dictamen y más tarde con la aprobación definitiva por parte del pleno
En esta legislatura hay otra dificultad añadida para el Gobierno: la mayoría absoluta del PP en el Senado. Esto ralentizará la aprobación, ya que las cuentas serán tumbadas por la Cámara Baja y tendrán que volver al Congreso. Este proceso se extenderá durante, al menos, un mes. Es decir: las Cuentas no serán aprobadas hasta el mes de junio. También se complica con el rechazo de la Cámara Alta a los objetivos de déficit y afean al PP que "supondrá una pérdida de casi 1.500 millones para las CCAA".
¿Y el referéndum?
El Gobierno creen que conseguirán encauzar las reivindicaciones de los separatistas, como en el pasado hicieron con algunas propuestas como la ley audiovisual, pero en Junts y en ERC no están pensando sólo en transferencia, leyes o inversiones. Esta vez ya están en la siguiente pantalla: la del referéndum. No lo ocultan.
Incluso la portavoz de los de Oriol Junqueras en la Comisión de Justicia, Pilar Vallugera, ya se situaba en la siguiente pantalla. Los separatistas son conscientes de la debilidad de Sánchez, más ahora que le ha estallado el Caso Koldo que le podría pasar una gran factura electoral.
En Moncloa rechazan un referéndum con la misma contundencia que en su día abnegaron de una ley de amnistía y afirman que "no entra en la Constitución". Algo con lo que los independentistas ironizan: "También rechazaban los indultos y la ley de amnistía".