En plena polémica por la presunta trama de corrupción del PSOE, el Tribunal de Cuentas alerta del sospechoso incremento de encargos a la empresa pública Tragsa, sociedad que también se ha visto salpicada por el caso Koldo. Tal y como resalta el informe del órgano fiscalizador, la Administación cuenta con un elevado número de funcionarios, por lo que "no resulta ponderado el crecimiento de las actuaciones de TRAGSA".
Pero es más, debido a su falta de especialización y a su limitada plantilla, el Tribunal de Cuentas advierte de que esta empresa se está viendo obligada, a su vez, a contratar a terceros sobre los que, sin embargo, se han detectado serias deficiencias de control y seguimiento. El peligro que subyace a esta forma de proceder no es otro que el tráfico de influencias y las dudosas comisiones que sobrevuelan a cualquier caso de corrupción. Precisamente por eso, el informe cobra mayor relevancia después de que el diario El Mundo revelase hace apenas unos días que la compañía granadina Áridos Afesa multiplicó por ocho sus contratos con Tragsa tras fichar a Patricia Uriz, la mujer de Koldo.
Lo que dice el informe
Aunque pasó prácticamente inadvertido, el informe en cuestión se publicó el pasado 1 de marzo y, a lo largo de sus 239 páginas, pone de manifiesto las dudas que suscita el elevado número de encargos que recibió en los ejercicios auditados: 2021 y 2022. "Teniendo en cuenta el considerable número de medios propios con los que cuenta la Administración, no resulta ponderado el crecimiento de las actuaciones de TRAGSA", concluye el organismo presidido por Enriqueta Chicano que, además, insiste en que, en no pocas ocasiones, esta sociedad estaría asumiendo labores para las que no está especializada. "Los encargos que recibe TRAGSA han ido distanciándose del tráfico para el que fue creada como medio propio, esto es, la consecución de los objetivos de reforma y desarrollo agrario, forestal y de conservación de la naturaleza", apunta el escrito.
Además, según el Tribunal de Cuentas, el incremento de actividad, unido a esa falta de especialización, ha tenido dos preocupantes consecuencias. De un lado, el abuso de la contratación temporal, "que en 2022 representó el 58% del total". De otro, la contratación de terceros para "poder ejecutar los encargos". Tal y como aclara el órgano fiscalizador, este tipo de contratación "está permitida por ley" y "no tiene límite en los encargos por emergencia". Sin embargo, tras analizar todos los contratos aportados, se han detectado "algunas deficiencias en la planificación por parte de TRAGSA de las necesidades de contratación con terceros, así como en su seguimiento y control".
Con todo, el Tribunal de Cuentas reclama a Tragsa que, de ahora en adelante, los encargos "vayan acompañados de una memoria explicativa que justifique suficientemente los motivos por los que estas actuaciones se ejecutan por una empresa diferente de la destinataria del encargo". Pero, es más, en aquellos casos en los que sea evidente que el encargo excede de su objeto social, insiste en que "sería aconsejable que esta entidad trasladara al correspondiente poder adjudicador la conveniencia de que se valiese de otro u otros medios propios cuando exista alguno que tuviera una especialización mayor en esos ámbitos".
Las cifras hablan por sí solas
Más allá de los ejercicios fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, lo que es evidente es el gran crecimiento que Tragsa ha experimentado desde que Pedro Sánchez llegó al poder. Según datos extraídos de su propia página web, en 2018, esta empresa pública apenas facturaba 800 millones de euros y contaba con 13.000 trabajadores. Las cuentas de 2023, sin embargo, contemplan una cifra de negocio de 1.720 millones de euros -más del doble que por aquel entonces- y presumen de contar con más de 23.000 profesionales.
Con este informe, el Tribunal de Cuentas viene a dar la razón ahora a quienes llevan años denunciando el excesivo e inapropiado número de encargos a Tragsa. En este sentido, cabe recordar que los más de 3.000 agricultores de Castilla-La Mancha que llevaron a la Audiencia Nacional la presunta malversación de fondos europeos y estatales ya alertaron de que se habían pagado hasta 850 millones de euros a Tragsa y Tragsatec por funciones que, según defendían, podrían y tendrían que haber asumido funcionarios públicos o el Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
Hay que recordar que el Grupo Tragsa es de capital social íntegramente público y está integrado por las sociedades mercantiles Tragsa y Tragsatec. Según consta en su propia página web, el grupo "forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)", instrumento que depende en último término de la Ministra de Hacienda y Vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero.