Sociedad Civil Catalana (SCC) ha presentado los escritos en el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en los que solicita que planteen ya las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la aplicación de la ley de amnistía en las causas por malversación y terrorismo que implican a los principales líderes del procés secesionista catalán.
SCC ejerce como acusación particular en los casos abiertos en el Tribunal de Cuentas, en la Audiencia y en el Supremo y sus letrados, del bufete Chapapría-Navarro & Asociados, han solicitado en las tres instancias que "acuerden la suspensión del procedimiento en lo relativo a la aplicación de la ley de amnistía hasta la resolución de las cuestiones prejudiciales que solicitamos que se planteen, a fin de evitar la aplicación de una norma que podría ser incompatible con el Derecho de la Unión Europea y para garantizar así los derechos de las víctimas y la integridad del proceso judicial".
En el caso del Tribunal de Cuentas por desvío de fondos públicos para la organización del referéndum ilegal y la difusión exterior del proceso separatista, la entidad constitucionalista exige a once exaltos cargos (entre los que se cuentan Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras) de la Generalidad la devolución de cinco millones de euros.
En cuanto a los expedientes que se siguen en la Audiencia Nacional y el Supremo, SCC destaca en una nota que "como acusación popular en el caso Tsunami Democràtic que se instruye en la Audiencia Nacional, así como en la causa especial por terrorismo abierta en el Tribunal Supremo (por la condición de aforados de Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg, diputado de ERC) defendemos que esta organización, estructurada y jerarquizada, tenía por finalidad subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente al Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva. La ley de amnistía pretende extinguir las responsabilidades penales derivadas de unos hechos gravísimos y, en consecuencia, alegamos que dicha ley no es conforme al Derecho de la Unión Europea ya que infringe principios y disposiciones fundamentales, tales como la protección de los intereses financieros de la UE, la independencia judicial, la igualdad ante la ley y el derecho a la tutela judicial efectiva".
En el mismo comunicado, SCC destaca que "la amnistía de delitos graves, incluyendo el terrorismo, sin exigir arrepentimiento ni garantías de no reincidencia erosiona la confianza pública en la Justicia y debilita la aplicación justa e igualitaria de la ley. Nuestro escrito apela, entre otros, al artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) sobre el respeto a los derechos humanos y a la dignidad humana: 'Permitir que los perpetradores de delitos graves queden impunes puede violar los derechos de las víctimas y su dignidad, ya que se les niega una reparación adecuada y la justicia que merecen'. Consideramos que la ley de amnistía socava los principios de Estado de derecho, igualdad y respeto a los derechos humanos y, por lo tanto, es incompatible con los tratados de la Unión Europea".
Condenado pese a la amnistía
Por otra parte, SCC ha dado a conocer este viernes la condena a medio año de prisión de un independentista que participó en una concentración violenta contra un acto de la entidad constitucionalista en el campos de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). El 14 de marzo de 2017, en plenos preparativos para el referéndum ilegal del 1-O, el condenado formaba parte de un grupo de violentos que tras superar un cordón policial atacó a los miembros de SCC que habían instalado una carpa informativa en el campus, destrozó la carpa, robó una bandera de España y le prendió fuego.
La defensa del condenado había pedido la suspensión del juicio, que se celebró el 22 de mayo, dada la inminencia de la aprobación de la ley de amnistía.
Cinco días antes del juicio se dictó una providencia por la que se mantenía la vista oral "toda vez que la Ley de Amnistía que invoca el Letrado no consta aprobada y por tanto tampoco en vigor el día del señalamiento, como tampoco se tiene constancia de que los delitos por los que viene siendo acusado el Sr. J. A. C. P. se encuentren dentro de los delitos que pueda incluir una Ley que no ha sido aprobada, y mucho menos ha entrado en vigor, por lo que no es de aplicación en ningún supuesto en este momento, sin perjuicio de que una vez aprobada y haya entrado en vigor se pueda interesar su aplicación, en el caso de que esta se considere constitucional y ajustada al Derecho de la Unión Europea".