El PSC busca a la desesperada investir a Salvador Illa. ERC ha puesto como condición que se cierre un acuerdo antes de finales de julio y que tiene que incluir la plena soberanía fiscal. En Moncloa ya admiten que esta cuestión está encima de la mesa y creen que han sorteado los obstáculos para crear un "cupo catalán".
Fuentes del Ejecutivo reconocen que en el centro de las conversaciones está la creación de un "consorcio" y remiten al Estatuto de autonomía aprobado por Mas y Zapatero. En su artículo 204 habla de constituir "en el plazo de dos años un Consorcio" en el que participarán de forma paritaria Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Tributaria de Cataluña. Se trata de una primera piedra, como dice el texto, de la creación de una "Administración Tributaria en Cataluña".
En el Gobierno creen que este texto avala "recaudar al 100%" pero "gestionando" las dos administraciones. El Estatuto, en su punto 4 y 5, habla de crear más tarde una Agencia Tributaria que se encargará de "gestionar, recaudar, liquidar e inspeccionar todos los tributos propios de la Generalidad de Cataluña, así como, por delegación del Estado, de los tributos estatales cedidos".
En la actualidad, la Agencia catalana ya está aprobada por ley pero tiene unos cometidos más simples. Pedro Sánchez ya habló en alguna ocasión de "desarrollarla" y en el programa electoral del PSC se hablaba de "desplegar" el Consorcio entre el Ejecutivo central y el catalán.
Tanto Moncloa como Ferraz ven posible que Cataluña recaude el 100% de los tributos, aunque quedarían pendientes los porcentajes de cada administración. Es decir, se podría crear una especie de cupo fiscal por la puerta de atrás, sin tocar la LOFCA, y amparándose en el Estatuto que sortea las disposiciones adicionales de la Constitución, en la que se habla de los "derechos forales". En la actualidad, sólo País Vasco y Navarra disfrutan de un cupo aunque Canarias también tiene un régimen económico propio
Ni avances, ni retrocesos
El guante de seda con el que el Gobierno trata a los separatistas se volvió a evidenciar este jueves en el pleno del Congreso donde el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, no quiso confrontar con Junts pese a que su portavoz, Miriam Nogueras, acusó al Supremo de ser "una mafia togada". Tampoco reprendió las críticas de ERC, al cual se le sigue considerando como socio prioritario.
En el PSOE admiten que las conversaciones con ERC las está llevando el PSC y que no han comunicado" pero tampoco hay retrocesos. La decisión de la Sala Segunda del Supremo de no incluir la malversación en la ley de amnistía no parece que haya supuesto un retroceso en las negociaciones aunque admiten que los separatistas "están obsesionados con el lawfare". Lo que el Ejecutivo rechaza es que vayan a reformar de nuevo la ley de amnistía y aseguran que ahora les toca a Junts y ERC "mover ficha", animándoles a que acudan al Constitucional de Cándido Conde Pumpido.
