Fue durante el verano de 2017, en el mes de julio, cuando el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acudía a la Audiencia Nacional a declarar en calidad de testigo, por el caso Gürtel.
La atención mediática, como era de esperar, fue máxima y Mariano Rajoy ocupó durante semanas titulares en los medios en virtud de esa foto: el presidente del Gobierno, sentado en un pupitre en la Audiencia Nacional declarando en el marco del juicio sobre el caso de corrupción que afectaba al PP, la trama Gürtel.
En aquella comparecencia, el presidente del Gobierno reiteró que, como su desempeño fue sólo político, no conocía los supuestos pelotazos de Correa ni la caja B. Mariano Rajoy hizo gala de su origen gallego durante el interrogatorio al que le han sometido en la Audiencia Nacional.
En esta ocasión, el presidente del Gobierno que tiene que declarar es Pedro Sánchez. Pero no acudirá al juzgado, sino que lo hará en la Moncloa. Su declaración, eso sí, será grabada, como la de Rajoy.
El artículo 412.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) establece que si fuera conveniente recibir declaración al presidente del Gobierno "sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo, se tomará la misma en su domicilio o despacho oficial".
No obstante, la LeCrim exime a cualquier persona citada como testigo en un procedimiento judicial de declarar en contra de su cónyuge. La dispensa a declarar se regula en el artículo 416 de esa ley y se aplica a "los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil".