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La última traición de Marlaska a la Guardia Civil con los puertos y aeropuertos vascos desata quejas en la Ertzaintza

Los agentes advierten de que el cuerpo "no tiene capacidad para asumir con garantías estas tareas" y la AUGC ya estudia emprender acciones legales.

Los agentes advierten de que el cuerpo "no tiene capacidad para asumir con garantías estas tareas" y la AUGC ya estudia emprender acciones legales.
Fernando Grande-Marlaska tras la Junta de Seguridad del País Vasco | Europa Press

La última traición de Marlaska a la Guardia Civil al entregar la vigilancia de puertos y aeropuertos vascos a la Ertzaintza no solo ha desatado quejas en la Benemérita, sino también en la policía autonómica. El colectivo 'Ertzainas en lucha' ha preguntado al Gobierno vasco "de dónde tiene pensado sacar personal para cubrir estos nuevos puestos", advirtiendo de que con cada nueva tarea que se asume "se pone una losa más en la seguridad de la ciudadanía" ya que la el cuerpo "no tiene capacidad para asumir con garantías estas tareas".

A pesar de los agentes vascos cobran más que un guardia civil o un policía nacional, la plataforma asindical lleva meses exigiendo un "acuerdo regulador digno" y movilizándose contra la situación "de abandono y dejadez" en la que aseguran que se encuentra el cuerpo. "¿De dónde tiene pensado sacar personal para cubrir estos nuevos puestos? ¿A qué unidades tiene pensado dejar todavía más en precario de personal para hacer frente a estas nuevas tareas? ¿Con qué medios tiene pensado dotar a estos ertzainas?", preguntan en un comunicado. Del mismo modo, el colectivo se ha interesado por los vehículos que se van a utilizar y que, según denuncian, "ya no pasan la ITV".

Historia de una traición anunciada

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmaba el pasado miércoles que, a partir de ahora, será la Ertzaintza la que ejercerá las funciones de seguridad ciudadana, de protección de personas y bienes y de orden público en los puertos y aeropuertos vascos, algo que ya llevaban tiempo temiendo las principales asociaciones de la Guardia Civil. Según el ministro, esta cesión no afecta a las funciones "exclusivas" de Policía Nacional y Guardia Civil. "Seguirán asumiendo en su totalidad las funciones vinculadas a la lucha contra el contrabando y el fraude fiscal, a extranjería y al control de fronteras", aseguraba Marlaska, que insiste en que no habrá ninguna merma de agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado y que los puertos y aeropuertos contarán con un punto permanente de coordinación operativa e intercambio de información entre las unidades de la Guardia Civil y de la Ertzaintza.

Sin embargo, para la asociación mayoritaria de la benemérita la conclusión era clara: "Marlaska vuelve a traicionar a la Guardia Civil", denunciaban desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ya ha advertido de que "se reserva las acciones jurídicas necesarias ante esta pérdida de competencias tan importantes y que solo tienen atribuidas las FCSE".

"Con este acuerdo -explican-, la Ertzaintza pasaría a ejercer competencias no solo sobre la zona pública de los puertos y aeropuertos (algo que ya hacían, al estar en su demarcación territorial y haberse cedido en su día las competencias de seguridad ciudadana), sino también en la zona de acceso restringido, con lo que su control sería también total". Además, la asociación decana de la Guardia Civil advierte de que esta concesión no ha de verse como un hecho aislado, sino que "este sería, precisamente, el origen de un plan a corto plazo cuyos efectos se extendería al resto de España y modificarían todo el escenario policial en puertos y aeropuertos".

Así, denuncian que, gracias al Gobierno de Pedro Sánchez, "los nacionalismos consiguen su objetivo de desmembrar a la Guardia Civil", ya que esta queda relegada de las funciones exclusivas que le otorga la Ley 2/86, al tiempo que las fuerzas autonómicas asumen "el control total de los puntos de acceso a territorio europeo por las fronteras del espacio Schengen, lo que supondría entregar el control de la seguridad en las fronteras aéreas y marítimas".

Con todo, la AUGC no esconde su gran preocupación ante este nuevo varapalo a la Guardia Civil, cuya plantilla en el País Vasco, tal y como recuerda, se ha reducido un 20% en los últimos 10 años. Precisamente por eso, los agentes estudian ya cuantas acciones legales puedan estar a su alcance para frenar la deriva del Gobierno y las cesiones a sus socios.

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