Pedro Sánchez engrasó con especial intensidad una relación: la del secretario general de la OMT –Zurab Pololikashvili– con Begoña Gómez. Al primero le concedió una sede gratis por 75 años más 24,4 millones en reformas mientras el líder de la organización impulsaba la sociedad Wakalua –de la mano de Globalía– que patrocinó el África Center de la mujer del presidente. Pero una persona quedó al corriente de infinidad de gestiones en materia de ayuda a la OMT y su plan de desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), justo el área en el que asesora Begoña Gómez.
Esa persona fue el entonces secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés. Pues bien, Valdés, que llegó al cargo en verano de 2020, fue imputado al poco tiempo por su gestión en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en época de Rodríguez Zapatero. Y ya en abril del año 2023 directamente recibió la solicitud de procesamiento por esa misma actuación. Valdés, dimitió en diciembre de 2022 y, pese la gravedad de la situación judicial que le rodeaba, aseguró que dejaba el cargo por "razones personales".
El Consejo de Ministros aprobó el cinco de diciembre el cese de Fernando Valdés Verelst como secretario de Estado de Turismo, a petición del propio interesado, según la versión oficial. Es decir, que aguantó más de año y medio en el cargo en situación de imputado –fue declarado investigado por el caso AECID en septiembre de 2020, a los pocos meses de ascender a secretario de Estado de Turismo–.
Valdés había llegado a esa Secretaria de Estado en julio de 2020, cuando la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, remodeló su equipo por la salida de Isabel Oliver, que, justo, dio la casualidad de que pasó a una cargo en la Organización Mundial de Turismo (OMT) de Pololikashvili, pero pagada por los presupuestos de España –150.000 euros al año–. ¿Y qué cometido desarrolla Oliver en la OMT? El texto del BOE que plasmó sus objetivos lo dejó claro: los 150.000 euros iban destinados "expresamente a costear los gastos relacionados con el desarrollo de las acciones establecidas en la Disposición Primera y el empleo y el uso del Experto, entre ellos –sin que esta lista sea exhaustiva– los sueldos, subsidios, seguro médico, afiliación a fondos de pensiones, viajes oficiales, vacaciones en el hogar nacional y mudanza de sus enseres domésticos y efectos personales". Y, de una manera más clara, Oliver se convertía en una asesora de la OMT: "Prestar asesoramiento al secretario general" de la OMT, Zurab Pololikashvili, en temas relacionados con la Agenda 2020 y con el reto demográfico y turismo rural. Justo la materia en la que asesora Begoña Gómez desde sus innumerables actividades consultoras.
La querella inicial
Una jueza de Madrid decidió en abril de 2023 procesar a Fernando Valdés Verelst por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude en contrataciones de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) en 2011, durante la etapa de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La querella inicial fue planteada por la Fiscalía en julio de 2020, tan sólo cinco días después del nombramiento de Valdés como secretario de Estado en el Ministerio de Reyes Maroto. Y la querella respondió así a una denuncia de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Pero, pese a lo grave del asunto, Valdés aguantó –y el Gobierno de Pedro Sánchez no quiso quitarlo– hasta casi año y medio después, cuando ya se acercaba el procesamiento solicitado por la Justicia. Valdés fue, por ejemplo, el receptor de un encargo: una asamblea urgente de la OMT en Madrid a mayor gloria de Pololikashvili.
En octubre de 2021, Sánchez salió al rescate de un problema de la OMT: Marruecos tenía que ser la sede de la asamblea bianual y rechazó su compromiso dejando vendida a la Organización Mundial de Turismo. Sánchez no sólo salió al quite sino que debió ver en la necesidad virtud: permitió gasto y contratos públicos "excepcionales" por medio de un Real Decreto para que la Asamblea no careciese de nada. Todo se plasmó en el Real Decreto-ley 22/2021, de 26 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la organización en España de la XXIV reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo. Y el RD reguló el gasto extraordinario: "El cambio de lugar de celebración de la Asamblea General hace necesaria la puesta en marcha de un complejo operativo de organización por parte del Reino de España, en relación con los aspectos de la cumbre vinculados a su sede. Las dimensiones de una cumbre internacional de estas características, así como la inminencia en su celebración, hacen necesario adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para que dicho operativo se despliegue de manera ágil y efectiva".
Cambios en la Administración General del Estado
En primer lugar, "la celebración de la Asamblea General en las fechas previstas exige la realización de múltiples actuaciones por parte de diversos órganos de la Administración General del Estado, algunas de las cuales no pueden ser atendidas con los recursos propios y requieren, por tanto, ser desempeñadas por terceros a través de la celebración de contratos públicos. La preparación del citado acontecimiento en el plazo disponible obliga a arbitrar medidas urgentes en materia de contratación", señaló el RD.
Y el texto señaló que "la aplicación del procedimiento de urgencia previsto en el artículo 119 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, no resulta suficiente para garantizar que los contratos necesarios puedan ser celebrados en el escaso margen de tiempo disponible".
Según Sánchez hacía falta más dinero y con menos controles. "Por todo ello, y con carácter puntual y atendiendo a la excepcionalidad de la situación a la que responde el presente real decreto-ley, el primer apartado del artículo 1 del presente real decreto-ley procede a declarar la celebración de la citada Asamblea General como circunstancia que justifica la aplicación de la tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, a los contratos necesarios para la preparación y celebración de la citada cumbre. Los efectos de este precepto se despliegan igualmente sobre aquellos contratos que hubieran de celebrarse para atender las necesidades derivadas de la organización de la citada cumbre cuya tramitación se hubiera iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley".
¿Hubo control de los fondos? "Por otra parte, el real decreto-ley, en aras de conseguir un mayor control en los fondos destinados a la organización de la XXIV sesión de la Asamblea General de la OMT, establece una unidad en la gestión de carácter obligatoria, a través del sistema de pagos a justificar. Esta figura tiene carácter potestativo en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y se prevé con la finalidad de conseguir una mayor agilidad en la gestión, especialmente importante teniendo en cuenta el escaso plazo del que se dispone, y, al mismo tiempo, dotarle de un mayor control, ya que toda la gestión se va a reflejar en las cuentas que se tienen que rendir con motivo de la justificación de estos libramientos". Un sistema que depende del propio Gobierno.
"En segundo lugar, el artículo 2 de este real decreto-ley designa al secretario de Estado de Turismo como órgano competente para la contratación, para aprobar y disponer los gastos necesarios, contractuales o no, y para reconocer las correspondientes obligaciones, con la finalidad de garantizar que las correspondientes gestiones se realizan de manera ordenada y eficiente bajo la autoridad de un único órgano administrativo", señaló también el texto. El secretario de Estado de Turismo era Valdés.