Pedro Sánchez ya había prometido en 2019 una sede gratis por 75 años a la Organización Mundial de Turismo. Lo cumplió: una sede de más de 9.000 m2 frente al Bernabeu, en una de las mejores zonas de Madrid, y con un regalo adicional de 24,4 millones de euros en reformas.
El principal beneficiado por el hito fue el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, una persona que el mismo día anunció el lanzamiento de la mano de Globalia de Wakalua, la misma sociedad que patrocinó el Africa Center que dirigía la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Por si fuera poco, Pololikashvili apadrinó personalmente a Gómez hasta el punto de que la acompañó en viajes como el de Ghana para dar apoyo a la mujer del presidente en su actividad personal del Africa Center; impulsó una lanzadera de empresas de la mano del mismo Africa Center; y hasta hizo una ronda con ministros africanos para Begoña Gómez aprovechando la Asamblea de la OMT en San Petersburgo, la misma a la que acudió Javier Hidalgo, CEO de Globalia -empresa que recibió un rescate multimillonario del Gobierno- y Víctor de Aldama, comisionista de la trama Koldo-PSOE.
Gasto y contratos públicos "excepcionales"
Pero a Sánchez le debió parecer poca la relación de cercanía con la OMT y el propio Pololikashvili. Hasta el punto de que en octubre de 2021 salió al rescate de un problema de la OMT: Marruecos tenía que ser la sede bianual y rechazó su compromiso dejando vendida a la Organización. Sánchez no sólo salió al quite sino que debió ver en la necesidad virtud: permitió gasto y contratos públicos "excepcionales" por medio de un Real Decreto para que la Asamblea no careciese de nada.
Todo se plasmó en el Real Decreto-ley 22/2021, de 26 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la organización en España de la XXIV reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo. Y el texto de la norma no ocultó que "hoy, la OMT está firmemente comprometida con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Promueve también el Código Ético Mundial y desempeña un papel central y decisivo en la promoción del desarrollo de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos, prestando especial atención a los intereses de los países en desarrollo", justo los ODS en los que asesora la mujer del presidente del Gobierno. Y que "teniendo en cuenta sus compromisos con la OMT como país sede de su Secretaría General, España se ha ofrecido a albergar la XXIV reunión de la Asamblea General en Madrid, en las mismas fechas inicialmente programadas".
"España muestra así su compromiso con la OMT y la comunidad internacional, como ya hizo, de forma exitosa, con la celebración de la organización en España de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en diciembre de 2019", añadió el RD.
El argumentario justificativo
La explicación se complementó con argumentos como que "el traslado a Madrid de la XXIV sesión responde a un espíritu de responsabilidad solidaria entre los distintos miembros de la OMT, facilitando que la Asamblea pueda celebrarse sin retrasos". Y que "para España, el refuerzo de la cooperación en materia turística es clave, dado el carácter estratégico del sector para nuestro país".
Y, tras los argumentos vino el gasto extraordinario: "El cambio de lugar de celebración de la Asamblea General hace necesaria la puesta en marcha de un complejo operativo de organización por parte del Reino de España, en relación con los aspectos de la cumbre vinculados a su sede. Las dimensiones de una cumbre internacional de estas características, así como la inminencia en su celebración, hacen necesario adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para que dicho operativo se despliegue de manera ágil y efectiva".
En primer lugar, "la celebración de la Asamblea General en las fechas previstas exige la realización de múltiples actuaciones por parte de diversos órganos de la Administración General del Estado, algunas de las cuales no pueden ser atendidas con los recursos propios y requieren, por tanto, ser desempeñadas por terceros a través de la celebración de contratos públicos. La preparación del citado acontecimiento en el plazo disponible obliga a arbitrar medidas urgentes en materia de contratación", señaló el RD.
Y el texto señaló que "la aplicación del procedimiento de urgencia previsto en el artículo 119 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, no resulta suficiente para garantizar que los contratos necesarios puedan ser celebrados en el escaso margen de tiempo disponible".
Más dinero con menos controles
Según Sánchez hacía falta más dinero y con menos controles. "Por todo ello, y con carácter puntual y atendiendo a la excepcionalidad de la situación a la que responde el presente real decreto-ley, el primer apartado del artículo 1 del presente real decreto-ley procede a declarar la celebración de la citada Asamblea General como circunstancia que justifica la aplicación de la tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, a los contratos necesarios para la preparación y celebración de la citada cumbre. Los efectos de este precepto se despliegan igualmente sobre aquellos contratos que hubieran de celebrarse para atender las necesidades derivadas de la organización de la citada cumbre cuya tramitación se hubiera iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley".
¿Hubo control de los fondos? "Por otra parte, el real decreto-ley, en aras de conseguir un mayor control en los fondos destinados a la organización de la XXIV sesión de la Asamblea General de la OMT, establece una unidad en la gestión de carácter obligatoria, a través del sistema de pagos a justificar. Esta figura tiene carácter potestativo en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y se prevé con la finalidad de conseguir una mayor agilidad en la gestión, especialmente importante teniendo en cuenta el escaso plazo del que se dispone, y, al mismo tiempo, dotarle de un mayor control, ya que toda la gestión se va a reflejar en las cuentas que se tienen que rendir con motivo de la justificación de estos libramientos". Un sistema que depende del propio Gobierno.
"En segundo lugar, el artículo 2 de este real decreto-ley designa al Secretario de Estado de Turismo como órgano competente para la contratación, para aprobar y disponer los gastos necesarios, contractuales o no, y para reconocer las correspondientes obligaciones, con la finalidad de garantizar que las correspondientes gestiones se realizan de manera ordenada y eficiente bajo la autoridad de un único órgano administrativo", señaló también el texto.
Y gracias a ello hubo asamblea, hubo solución de urgencia para el aliado de Begoña Gómez y hubo gasto público.
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