El Partido Socialista y Sumar han acordado con Bildu la reforma de lo que ellos denominan Ley mordaza para favorecer al delincuente y rebajar la protección a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al eliminar las penas por insultos, si hay arrepentimiento, y considerarlo falta "leve" en todo caso. También pasan de "graves" a "leves" los actos de desobediencia a la autoridad, se elimina el uso de pelotas de goma y se da mayor protección a los inmigrantes ilegales.
Pedro Sánchez ha dejado todo el protagonismo a los de Merche Aizpurúa, que ha sido la encargada de presentar el pacto en una rueda de prensa en el Congreso, donde no ha sido capaz de explicar a cambio de qué han conseguido que el PSOE firme este acuerdo, dado que el Gobierno busca en estos momentos apoyos para la senda de déficit y los PGE ante la negativa de Junts a apoyarlos.
Los detalles del acuerdo
El acuerdo establece que "se acaba con las sanciones injustificadas o basadas en interpretaciones subjetivas, se blinda la libertad de expresión y se establece su cancelación en caso de que la persona acusada se retracte"; y pasan a ser infracciones leves "los insultos o injurias" a agentes del orden "cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal".
El texto, muy ambiguo, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de agresiones que pueden derivar en procesos penales, habla de considerar sólo delito las "expresiones relevantes, sin que pueda considerarse sancionable la sola disconformidad con un mandato legitimo o el ejercicio fundamental a la libertad de expresión". Su consideración pasa de grave a leve en todos los casos y se despenalizan la mayoría de ataques verbales.
La desobediencia a la autoridad
En cuanto a la desobediencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "la infracción pasa de grave a leve y se establece que la desobediencia debe ser manifiesta, clara y objetivable, que será sancionable solo cuando esté ajustada a una orden legal, ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico, impidiendo la discrecionalidad sobre requerimientos y sanciones".
El texto prácticamente considera leve todo acto de desobediencia, ya que establece que lo será "la desobediencia manifiesta y clara", "la resistencia a la autoridad o sus agentes utilizando oposición corporal" o "la negativa manifiesta y clara a identificarse", cuando no se trate de actos penales.
Se elimina el uso de pelotas de goma y se acuerda modificar en seis meses la Ley de Extranjería para "reconocer y garantizar los derechos de las personas migrantes y asegurar que las solicitudes de asilo se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa de Derechos Humanos" y "la certificación e identificación de las personas potencialmente solicitantes de asilo en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos previamente al proceso de posible expulsión, lo que les otorga mayor protección.
Desde el Gobierno, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha remarcado en varias ocasiones que el acuerdo con Bildu conlleva la eliminación "progresiva" de las pelotas de goma. En el Ejecutivo creen que los de Otegi se han ido moviendo desde la prohibición total de pelotas de goma ipso facto a su eliminación "progresiva", sin especificar el tiempo.
Montero ha dejado entrever un cierto malestar con Bildu por anunciarlo ahora. "Llevamos meses trabajando en esto. Ha sido Bildu el que hoy ha querido hacerlo público, desconozco el motivo", ha afirmado la vicepresidenta.
Queda ahora por ver si el resto de grupos se suman. Junts cree que el acuerdo es insuficiente y ERC se muestra favorable a respaldarlo pero lo cierto es que no existe un texto concreto ya que la proposición del PNV, presentada durante la pasada legislatura, decayó y ahora hay que redactar un nuevo articulado.