Alberto Núñez Feijóo ha participado en el Foro de La Toja, por el que ayer pasaron Mariano Rajoy y Felipe González, en el que se ha centrado en defender sus nuevas leyes de Conciliación y Vivienda, en contraposición a la falta de iniciativa legislativa de Pedro Sánchez, volcado en pagar las facturas de la investidura a sus socios. El momento más aplaudido de su intervención ha sido cuando ha dicho que "la criminalización de la propiedad privada es un grave error".
Recuperado ya de su operación de la vista, el presidente del Partido Popular ha desgranado algunas de las medidas que incluirá su nueva Ley de Vivienda, enfocadas en dinamizar el mercado, ofrecer seguridad jurídica a los propietarios, ayudas fiscales a los jóvenes para poder invertir y combatir la ocupación e inquiocupación para que haya más inmuebles disponibles y puedan bajar los precios.
"A quien hay que perseguir es al que delinque, no al que cumple", ha defendido. Su propuesta la ha resumido así: "A los inquilinos y compradores, apoyo económico; al que alquila su vivienda, seguridad jurídica; y a quienes construyen, colaboración para ampliar la oferta de suelo". Propuestas, todas ellas, de corte más liberal que las incluidas en la Ley de Conciliación.
Feijóo ha confirmado que su propuesta sobre vivienda se presentará en el Congreso este mismo mes de octubre. El registro tendrá lugar después de presentar la Ley de Conciliación, que tanta controversia ha provocado, incluso dentro de su propio partido, donde algunos piden antes resolver el problema de productividad que tiene España para hablar después de reducir jornada.
Un punto que provocó también el rechazo de la CEOE en plenas negociaciones con Yolanda Díaz para rebajar de 40 a 37,5 las horas trabajadas a la semana. Sumar y los sindicatos de CCOO y UGT elogiaron al PP por abrir el debate, al ver parte de sus reivindicaciones reflejadas en el discurso de Feijóo.
Hoy, sin embargo, el presidente del PP ha optado por destacar de su Ley de Conciliación sólo la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, calificando esta medida de "esencial", obviando así todo lo referente a la jornada laboral, que se abrió a reducir de 5 a 4 días a la semana, aunque la ley sólo habla de "flexibilidad", sin concretar una reducción de las horas trabajadas.