David Sánchez —más conocido como David Azagra por el pseudónimo que emplea en el mundo musical— consiguió su cargo a los once días de que su hermano —Pedro Sánchez— se convirtiera en el jefe máximo del socialismo español. David Sánchez, además, fue colocado por el ahora ascendido a jefe máximo del socialismo extremeño. Y, para colmo, se le dio el alto cargo "sobre todo" por sus respuestas a la entrevista personal, como revela su expediente oficial.
Cinco presuntos delitos
Pues bien, en ese contexto, la UCO no ha dejado de encontrarse puertas cerradas en la Administración socialista al investigar el caso por nada menos que cinco presuntos delitos imputados al hermano del presidente. De hecho, la UCO ha plasmado esta situación de ocultismo de la Diputación de Badajoz en un informe en el que se queja de que los datos inicialmente facilitados por la Diputación de Badajoz -la entidad donde fue colocado el hermano de Sánchez- eran "genéricos", "insuficientes", faltos de "concreción" y hasta meros "trípticos" publicitarios. La juez del caso —Beatriz Biedma—, de hecho, tuvo que advertir a la Diputación de esta situación y exigió el "deber de colaboración".
Un auto de la jueza señala que "conforme a lo establecido en artículo 588 septies b de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula el DEBER DE COLABORACIÓN […] los prestadores de servicios y personas señaladas en el artículo 588 ter e y los titulares o responsables del sistema informático o base de datos objeto del registro están obligados a facilitar a los agentes investigadores la colaboración precisa para la práctica de la medida y el acceso al sistema".
El panorama encontrado por la Guardia Civil llevó igualmente a la jueza a recordar que, "asimismo, están obligados a facilitar la asistencia necesaria para que los datos e información recogidos puedan ser objeto de examen y visualización" y que "las autoridades y los agentes encargados de la investigación podrán ordenar a cualquier persona que conozca el funcionamiento del sistema informático o las medidas aplicadas para proteger los datos informáticos contenidos en el mismo que facilite la información que resulte necesaria para el buen fin de la diligencia".
Protección de datos y acceso a correos
La jueza, obviamente, sacó de esta obligación al imputado: "Esta disposición no será aplicable al investigado o encausado, a las personas que están dispensadas de la obligación de declarar por razón de parentesco, y a aquellas que, de conformidad con el artículo 416.2, no pueden declarar en virtud del secreto profesional". Y remarcó que "los sujetos requeridos para prestar colaboración tendrán la obligación de guardar secreto acerca de las actividades requeridas por las autoridades.
En virtud de ello, por parte del personal informático de la Diputación, o el más adecuado para ello, deberán identificarse todas las cuentas de correo electrónico utilizadas por las personas relacionadas en este Auto, y deberá prestarse toda la ayuda técnica necesaria que sea requerida por los Agentes actuantes, incluyendo el acceso a cualquier terminal y/o servidor informático", señaló en su auto.