
El gobierno socialista de la Generalidad catalana quiere 25.000 mossos d'esquadra. En la actualidad cuenta con 19.070 y pretende alcanzar la cifra redonda en 2030. Mientras tanto, la consejería de Interior catalana prefiere no asumir competencias que ya estaban pactadas con el anterior gobierno autonómico, el que presidía el republicano Pere Aragonès.
El anterior equipo catalán, comandado por ERC, había arrancado al Gobierno de España el traspaso del control de los puertos y aeropuertos, así como los dominios aéreo y marítimo de la región. También se iban a ceder competencias en materia de medio ambiente, lo que prácticamente implicaba la práctica desaparición del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil de Cataluña.
Sin embargo, la Generalidad de Salvador Illa no quiere hacerse cargo por el momento de esas nuevas competencias y aduce falta de plantilla en los Mossos. "Las competencias son bienvenidas, pero para poder ejecutarlas, no para tenerlas y prestar peor servicio a la ciudadanía", ha declarado tajante la consejera de Interior, Núria Parlon, en presencia del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Por si no había quedado suficientemente claro, Parlon ha insistido en estos términos: "Yo no retiraré mossos de las calles para asumir competencias hasta que no tengamos los agentes que necesitamos para dar una buena respuesta".
Esta junta de seguridad se ha celebrado tres años después de la última, cuando ERC estaba al frente de la Generalidad. En esa reunión, el ejecutivo catalán pidió tener 22.000 mossos y las competencias integrales en puertos y aeropuertos. Se llegó a un acuerdo pendiente de ratificación. El anticipo de las elecciones generales, las celebradas el 23 de julio de 2023, y también el adelanto electoral en Cataluña frustraron un traspaso que estaba tan solo a falta de la firma.
Comisión bilateral con Hacienda
Con el cambio de poder en la plaza de San Jaime de Barcelona, el Gobierno ha quedado liberado del compromiso alcanzado con ERC. La negativa de Illa a estirar más el brazo que la manga retrasa el traspaso. Lo que ha sí ha exigido y conseguido la Generalidad es la creación de una comisión con Hacienda para financiar el aumento de la plantilla, que deberá ser paulatino hasta alcanzar los 25.000 agentes catalanes armados en 2030. Son tres mil policías más de los que pedía el Govern de Aragonès.
Tras la junta, en la que han participado mandos policiales de ambas administraciones así como las respectivas cúpulas de Interior, Grande-Marlaska ha presumido de la integración de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el sistema de emergencias catalán. De este modo, las llamadas al 112 en Cataluña podrán derivar emergencias hacia los cuerpos nacionales en función de las competencias que aún mantienen en Cataluña.
Ese anuncio ha propiciado que el prófugo Carles Puigdemont haya puesto el grito en el cielo porque en su opinión eso "descatalaniza" el servicio de emergencias que según él "los diversos gobiernos de la Generalidad han ido construyendo con eficacia durante años".