El Gobierno quiere evitar a toda costa que se vislumbre una alternativa parlamentaria a la de Pedro Sánchez que pueda interferir en sus planes. Después de sufrir varias derrotas parlamentarias antes del verano, como ocurrió con la Ley del Suelo, el Ejecutivo aspira a valerse de todo resquicio legal posible para imponer un cortafuegos que frene la influencia legislativa de la oposición.
Así ha ocurrido con la retirada del impuesto a la producción eléctrica, que sigue paralizado en su trámite parlamentario, dado que el Ejecutivo suspendió la Comisión de Hacienda que debía validarlo para evitar consumar la derrota propinada por PP y Junts cuando pactaron una transaccional en la fase de ponencia. Algo similar pretenden poner en marcha para recuperar el impuesto a las energéticas, aunque recurriendo a artimañas legales más complejas y que podrían generar una gran inseguridad jurídica.
Fuentes de Moncloa admiten que el próximo lunes está previsto aprobar un Real Decreto. El objetivo es satisfacer a Podemos, que exige prorrogar este gravamen, antes de sentarse siquiera a negociar los Presupuestos Generales del Estado. Hasta ahora se contemplaba la posibilidad de prorrogar el impuesto apenas cuatro días después de que el Congreso saque adelante, con los votos de Junts y el PNV, la enmienda del PP aprobada en el Senado para frenarlo.
Sin embargo, fuentes gubernamentales admiten la posibilidad de crear un nuevo gravamen que, al ser publicado al día siguiente en el BOE, entraría en vigor antes que la resolución parlamentaria, que cuenta con un mes de plazo para su publicación. De esta forma, el nuevo impuesto se solaparía con la decisión del Congreso y frenaría así su aplicación, al menos temporalmente.
El ejecutivo contra el legislativo
"Una ley cambia otra ley", resumen miembros del Ejecutivo que se muestran tranquilos y confiados en poder salirse con la suya, a pesar del difícil juego de equilibrios que deben mantener con sus socios para no soliviantar a ninguno. El choque entre el PNV y Podemos alcanzó ayer su máxima expresión cuando Aitor Esteban advirtió a Ione Belarra de que "por mucho que grite e insulte", la mayoría que sostiene a Sánchez no es sólo de izquierdas.
Fuentes parlamentarias alertan de la inseguridad jurídica que provocará que el Gobierno apruebe un nuevo gravamen apenas unos días después de que el Congreso tumbe otro similar, especialmente para las empresas extranjeras que quieran invertir en España. Por no hablar de las inversiones de empresas españolas que podrían quedar paralizadas ante el desconcierto que provoca no saber a qué fiscalidad debes acogerte.
El reloj fiscal correría
Y es que podría darse la circunstancia de que el nuevo impuesto se esté cobrando durante un mes, el plazo legal para que el Real Decreto sea convalidado en el Congreso, donde PNV y Junts ya han dicho que volverían a tumbarlo. De ser así, los recursos jurídicos por parte de las compañías afectadas están asegurados, provocando un choque legal entre el Ejecutivo y el legislativo, además de con el sector empresarial.
Desde el Gobierno recuerdan que el cobro de este impuesto no es mensual sino trimestral, por lo que la maniobra sería aún más arriesgada y buscaría escenificar que cumplen con Podemos, sin que realmente el impuesto acabe recaudándose, aunque el embrollo legal sería igualmente mayúsculo.
Otra posibilidad sería que el Gobierno apruebe una Ley Ómnibus, es decir, una norma que mezcle todo tipo de medidas, sin relación aparente, para presionar a Junts y PNV, introduciendo propuestas imposibles de rechazar, como mejoras económicas para sus territorios, mientras cuelan entre ellas el nuevo impuesto a las energéticas.
Aunque la maniobra es arriesgada y puede provocar el enfado de ambos grupos ,en un momento de la relación especialmente delicado, toda opción es válida si se trata de revertir una derrota parlamentaria de este calibre e impedir así futuras alianzas que puedan torcer el brazo al Gobierno.