La carrera del Gobierno de Pedro Sánchez para controlar y desmantelar el Poder Judicial continuará durante este 2025 y el próximo objetivo será "limitar" el papel de las acusaciones populares a través de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), tal y como ha anunciado este viernes el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
La nueva norma se aprobará este 2025 y pretende sustituir a la actual, que data de 1882. Y el objetivo es "limitar" el papel de las acusaciones populares, además de atribuir a la Fiscalía la instrucción de las causas penales.
Bolaños no ha querido adelantar en qué sentido se limitará, pero ha asegurado que en la actualidad "claramente se está pervirtiendo el espíritu de la acusación popular por las organizaciones ultraderechistas, a las que no les importa nada perseguir el delito y esclarecer los hechos, porque lo que quieren es perseguir a personas progresistas y a sus familias".
Y aunque no ha hecho una referencia directa, está claro que el ministro se refería al caso que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, y en el que la acusación popular está formada por varias entidades como: Manos Limpias, Vox, Hazte Oír, y otras organizaciones como Iustitia Europa y el Movimiento de Regeneración Política de España.
"Es un asunto que tenemos que analizar y cuando tengamos respuesta, la explicaremos adecuadamente", ha indicado el ministro.
Cabe recordar que en el caso del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, el PSOE está personado como acusación popular junto a Más Madrid. Ambas formaciones han solicitado que se amplíe la investigación contra un ciudadano particular para incluir posibles delitos de corrupción y administración desleal.
Guiño a Puigdemont
Otro deseo que el ministro ha expresado en la rueda de prensa es la aplicación "plena" de la ley de amnistía. Unos días después de los reproches de Carles Puigdemont al Gobierno, Bolaños ha recordado que esa norma se ha aplicado ya a docenas de personas, aunque existen otras resoluciones judiciales en contra de esa aplicación pero que están pendientes de los recursos presentados.
Precisamente, este es el caso de los líderes del procés, cuyos recursos están pendientes de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo. "Espero que los recursos acaben dando lugar a la aplicación plena de la ley", ha concluido.
Bolaños también ha hecho balance de las actuaciones de su departamento y ha calificado 2024 como el "gran año de la transformación de la Justicia", porque se han puesto las bases con reformas estructurales para una Justicia más eficaz y ágil.
Se trata, ha insistido, de la "mayor transformación de la Justicia en décadas" para hacerla también "más digital, más cercana, también a las víctimas del delito, y con vocación social".
En esa línea quiere seguir el ministerio que dirige Bolaños en 2025, un año en el que crecerán las becas para acceder a la carrera judicial y fiscal, así como el número de beneficiarios.