El 2025 se perfila como uno de los años más difíciles para Pedro Sánchez, con varios frentes judiciales y políticos que podrían marcar la agenda del Gobierno. Todo sigue pendiente de lo que revelen los próximos informes de la Unidad Central Operativa (UCO), que siguen siendo clave para el desarrollo de diversas investigaciones. La Guardia Civil sigue trabajando para desencriptar varios móviles y discos duros intervenidos.
Uno de los casos más delicados es el de Hidrocarburos, relacionado con la detención del "nexo corruptor" Víctor de Aldama, que sigue bajo secreto de sumario. Este caso podría deparar más sorpresas y complicaciones para el Ejecutivo. Además, se suma al caso Koldo.
Desde un primer momento, en el Gobierno hicieron un perímetro de seguridad para minimizar daños y expulsaron al exministro, José Luis Ábalos, del PSOE pero, los últimos movimientos, como un nuevo informe de Transportes que le exculpa del cobro de comisiones, evidencian un cambio de estrategia. Aunque ambas partes nieguen un pacto, los intereses de la cúpula de Ferraz y el que fuera su número 3 están confluyendo hacer frente a las acusaciones de Aldama.
A pesar de los intentos por restar importancia a la situación, el nerviosismo crece dentro del Partido Socialista. Casos como el de Begoña Gómez, esposa de Sánchez, ya están avanzando en el ámbito judicial, y aunque el Gobierno insiste en que todo se archivará, el calvario judicial se extenderá a lo largo de 2025. No en vano, este mes de enero se esperan nuevas declaraciones como las del vicerrector de la Complutense. Queda por ver cómo queda la situación de la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, que le ayudó en sus negocios privados. En el núcleo duro del Ejecutivo defienden que es una amiga personal de Gómez y admiten que, como favor, pudo ayudarle en una sola ocasión.
Otro caso que ha encendido las alarmas es el de la filtración de los WhatsApp de Juan Lobato, exlíder de los socialistas madrileños y evidencian que Moncloa tenía el documento confidencial sobre la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, antes de que se publicara en los medios. La divulgación de estos mensajes ha destapado una serie de conversaciones comprometedoras, lo que ha colocado bajo sospecha a varios miembros del partido y al Fiscal General del Estado.
Varios miembros del Gobierno dan por hecho que Pilar Sánchez Acera, exnúmero 2 de Óscar López, será finalmente imputada por revelación de secretos, aunque creen que, al final, no será condenada. El mismo optimismo evidencian con el máximo responsable del Ministerio Fiscal, Álvaro García Ortiz. La implicación de estas figuras clave podría agravar aún más la situación política y judicial del Ejecutivo.
En este contexto, el panorama político se oscurece, y el Gobierno trata de cambiar el foco. Uno de los cambios que contempla es la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que sean los fiscales los que instruyan los casos en vez de los jueces. El anteproyecto de ley fue presentado a las asociaciones de fiscales este pasado verano. La idea era aprobarla en Consejo de Ministros en septiembre pero los escándalos en la Fiscalía lo han postergado y el Ejecutivo espera que se calmen las aguas para recuperarlo.
Economía y polarización
En lugar de abordar las implicaciones judiciales, el presidente Sánchez y su equipo insisten en destacar que, a pesar de los desafíos, España seguirá creciendo económicamente en 2025. Además, destacan el aumento de las pensiones, un tema que está siendo central en sus discursos.
La afirmación más repetida desde Moncloa es que España se convertirá en "la locomotora de Europa". Sin embargo, lo que no mencionan es que, en paralelo, la inflación sigue afectando el poder adquisitivo de los ciudadanos y, aunque el IPC haya bajado, no se ha recuperado el poder adquisitivo entre los asalariados. A esto se le une el encarecimiento de la vivienda que afecta a los más jóvenes. Los sueldos se estancan y se detrae más dinero de sus salarios para sostener las pensiones.
Para tratar de retener a estas capas de población descontentas, el Gobierno recurrirá a la polarización, aprovechando el 50º aniversario de la muerte de Francisco Franco, que será conmemorado por el Gobierno con una serie de actos. El lema elegido por los socialistas es "50 años de España en libertad", y con este eslogan se celebrarán más de 100 eventos que comenzarán el 8 de enero pese a que el dictador no falleció hasta el 20 de noviembre. Al primero de los eventos han invitado a Felipe VI, pese a que ya tenía la agenda cerrada para ese día.
Las tensiones con la Casa Real no parece que vayan a reducirse durante este 2025. Tras choques como la visita a Paiporta o la ausencia de representación en Notre Dame, ahora Moncloa trata de poner en un brete a Felipe VI al invitarle a actos que conmemoren el fallecimiento de Franco y, por tanto, del Jefe del Estado que designó a su padre, Juan Carlos I, como sucesor. Tampoco estos actos serán unitarios. El PP ya ha anunciado que no acudirán por considerarlos partidistas pero Moncloa sigue presionando para que el Rey asista.
¿La foto con Puigdemont?
Por otro lado, el tema de Junts sigue siendo un punto de conflicto entre el Gobierno y la oposición. En el Ejecutivo esperan que el Tribunal Supremo resuelva el recurso pendiente relacionado con la aplicación de la ley de Amnistía y lo remita al Tribunal Constitucional. La resolución favorable de Pumpido, que abriría la puerta a la aplicación total de la norma, es crucial para mantener el respaldo de Carles Puigdemont.
Durante su balance del año, el presidente también ha dejado la puerta abierta a hacerse una foto con el prófugo. Una idea que ronda la cabeza del Gobierno desde hace tiempo. Hace unas semanas, tras el último Consejo Europeo, Sánchez se quedó un día más en Bruselas sin agenda oficial. Nadie confirma qué sucedieron durante esas horas, en una semana en la que Junts pidió que el líder socialista se sometiese a una cuestión de confianza y si le rondó la idea de acercarse a Waterloo para reunirse con Puigdemont.