Turull acusa a los jueces del Supremo de "prevaricadores", rechaza un nuevo indulto y exige la amnistía

Jordi Turull, condenado a doce años de prisión por el golpe de Estado separatista de 2017 e indultado de la pena de cárcel, ha enviado una carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en las que advierte que no aceptará un nuevo indulto que cancele su inhabilitación porque eso sería, asegura, "blanquear una actuación claramente prevaricadora de los cinco magistrados que han denegado injustificadamente y de forma claramente arbitraria la aplicación de la ley de amnistía (con la excepción de la magistrada Ana Ferrer que emitió un voto particular) y, por tanto, la voluntad del legislador".

Según Turull, la mayoría de los miembros del Tribunal Supremo se han declarado "en rebeldía" por no aplicar la amnistía, lo que, asegura, ha provocado que "muchos juzgados de Cataluña no estén dando la amnistía a mucha gente procesada y condenada por su compromiso con la libertad, la democracia y la independencia de Cataluña".

En su extensa misiva, Turull se presenta como "represaliado de la justicia española a raíz de haber participado como miembro del Gobierno de la Generalidad en la organización del referéndum de autodeterminación de Cataluña celebrado el 1 de octubre de 2017". Acto seguido recuerda que fue condenado a doce años de cárcel y a otros tantos de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público por un delito de sedición con concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos y asegura que "pasé casi cuatro años de mi vida privado de libertad".

No renuncia a la "acción unilateral"

El texto de Turull se extiende después en la concesión del primer indulto, en la posterior reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición y reformar el de malversación "acotando el sentido del concepto 'ánimo de lucro'" y en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez por el que se redactó y aprobó la ley de amnistía. En relación al primer indulto, Turull presume de que "quien suscribe la presente nunca solicitó al Gobierno que se le indultase ni acepté ninguna condición y mucho menos la renuncia a los objetivos políticos a favor de la independencia ni a la acción unilateral para, llegado el caso, hacerla posible".

A partir de ahí comienzan los reproches y ataques al Tribunal Supremo, al que acusa de que "sólo tuvo a bien modificar la condena por el delito de sedición que había sido derogado, pero, en cambio, hizo una interpretación muy forzada del concepto 'ánimo de lucro' y por eso, en contra de la voluntad legislativa, me mantuvo la condena por malversación de caudales públicos, es decir, la inhabilitación para el ejercicio de cargo público por un periodo de 12 años".

Tras sacar pecho por haber arrancado la ley de amnistía en la negociación para investir a Sánchez, Turull afirma que "esta ley no sólo se adecúa perfectamente al marco normativo estatal y europeo, sino que además no ofrece ninguna duda de que se debe aplicar a los delitos de malversación por hechos relacionados con el referéndum de octubre de 2017 cuando ha habido enriquecimiento personal del autor del delito".

Descalificaciones contra los jueces

Turull sostiene que no se enriqueció "ni directa ni indirectamente" por convocar un referéndum y ataca otra vez al Supremo, del que dice que realizó una "interpretación absolutamente delirante del delito de malversación". Por todo ello, el actual secretario general de Junts, declara "mi expresa voluntad de que se deniegue la concesión de mi indulto a la pena de inhabilitación de 12 años porque lo que es procedente es que se me aplique la amnistía".

Para acabar, tacha a los magistrados del Tribunal Supremo de "rebeldes": "Que una gran mayoría de los miembros del Tribunal Supremo y de la alta judicatura en general han decidido echar un pulso contra el poder legislativo de cual usted (por Bolaños) forma parte es una evidencia palmaria, pues mucho antes de que se promulgase la citada ley ya se advertía de que a mí y a muchos otros conciudadanos no se nos aplicaría", afirma el dirigente separatista.

A su juicio, "concederme el indulto no resolvería el grave problema que ha creado una gran parte del Poder Judicial contra el Poder Legislativo, sino que ayudaría a que las conductas desplegadas por estos magistrados rebeldes quedasen diluidas".