Las testificales de los responsables del informe fantasma de Hacienda sobre el hermano de Pedro Sánchez pueden meter en un serio problema a la recién impulsada como líder del socialismo andaluz, ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. Los testimonios en sede judicial de los tres autores de un informe que se presentó inicialmente ante la juez de forma anónima y en el que la magistrada tuvo que reclamar los nombres de los autores, han señalado que ese proceder no es "normal" en Hacienda, que tampoco trabajaron demasiado en el informe y que desconocen hasta la residencia real de David Sánchez. Y eso significa que la Agencia Tributaria ha tenido un comportamiento totalmente anormal que apunta a una orden política. Y la cabeza política del departamento del que depende la Agencia Tributaria es la citada Montero.
Los tres altos cargos de la Agencia Tributaria (AEAT) en Extremadura declararon el pasado miércoles en el caso de David Sánchez. Lo hicieron para intentar explicar el extraño informe que avaló la decisión del hermano de Pedro Sánchez de no pagar IRPF en España. Fuentes jurídicas han confirmado que los tres inspectores han reconocido que no hicieron comprobaciones sobre la residencia real del hermano de Sánchez -ha esgrimido que vive en Portugal para librarse del IRPF-; que desconocen la residencia real de David Sánchez, que "no es normal" un informe de la AEAT remitido al juez sin firma, ni membrete; y que sólo firmaron el citado informe después de que la juez lo reclamara expresamente.
Para colmo, alguno de los testigos ha reconocido igualmente que ese fue el único informe que había elaborado en todo 2024. Y eso significa que todo el comportamiento de Hacienda es contrario a su práctica habitual, algo que tuvo que contar con una indicación de hacerlo de esa manera.
Bloqueo de datos de Hacienda
Y es que toda la historia del caso David Sánchez empieza a tener un extraño olor a bloqueo de datos por parte de Hacienda bajo orden política. La juez Biedma intentó desde el inicio recabar información para certificar si David Sánchez había cometido un delito contra la Hacienda Pública por no pagar impuestos en España asegurando que era residente portugués. Hacienda contestó con un informe anónimo, sin sello y una argumentación insostenible. La juez reclamó el nombre de los autores. Y más allá de lo impresentable del sainete -con olor a nula colaboración con la Justicia, nada menos que de Hacienda- resulta que uno de los nombres incluidos como autores nunca debería haber estado por ser un cargo de designación evidentemente político: el de la delegada especial de la AEAT en Extremadura.
Fuentes de la Agencia Tributaria consultadas por Libertad Digital confirmaron la irregularidad y señalaron hace ya tiempo que "es extrañísimo" que un informe así lo firme un "cargo con claro tinte político, para empezar porque huele a kilómetros a la existencia de un control político. Y hay pocos cargos por encima que puedan dar una orden a una delegada especial".
Hacienda, de ese modo, intentó colar un informe totalmente exculpatorio que carecía de la más mínima base y hasta firma. De hecho, en su escrito de dos páginas se daba la razón a David Sánchez admitiendo que la comprobación fiscal se había limitado a una consulta en las bases de datos de Hacienda sin haber efectuado una investigación formal.