El PSOE lanza toda su artillería para salvar al entorno de Sánchez de las investigaciones judiciales y lo harán cambiando las reglas de juego. Lo último ha sido una Proposición de Ley, firmada por los socialistas, que busca la impunidad para Begoña Gómez, el hermano de Pedro Sánchez y el fiscal general, Álvaro García Ortiz.
Si la reforma sale adelante, se expulsará a las acusaciones del PP y Vox de las instrucciones en los casos de Koldo, Begoña Gómez y de que investiga las filtraciones del fiscal general. Además, se abriría la puerta a recusar al juez Juan Carlos Peinado, que instruye el caso de la mujer de la mujer del presidente, y se dificultarían más querellas basadas en informaciones periodísticas, como las que llevaron a su imputación.
Durante la presentación de esta proposición, convocada con solo 20 minutos de antelación, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, no ocultó que el objetivo es apartar a los magistrados de estos casos. "Para nosotros, la instrucción es una fase que debe estar impulsada por el Ministerio Fiscal", afirmó en una rueda de prensa el pasado viernes por la mañana.
La Fiscalía de García Ortiz, instructora
La declaración de López deja claro que no se detendrán ahí. Uno de los cambios que propone el Gobierno es modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que sean los fiscales quienes asuman la instrucción de los casos, en lugar de los jueces. El anteproyecto de ley fue presentado a las asociaciones de fiscales durante el pasado verano por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, según fuentes gubernamentales.
La intención era aprobarlo en el Consejo de Ministros en septiembre para, a continuación, iniciar su tramitación parlamentaria, pero los escándalos en la Fiscalía de Álvaro García Ortiz, el gran beneficiado por esta reforma, retrasaron su aprobación. Ahora, el Gobierno espera que la situación se estabilice antes de retomar el proceso y podrían llevar en breve la reforma al Consejo de Ministros.
El argumentario que utilizarán es que en otros países europeos es el Ministerio Público quien instruye los casos. También sostendrán que este cambio busca contrarrestar la "politización" de la justicia y reducir la carga de trabajo de los magistrados, lo que se traduciría en una mayor rapidez a la hora de instruir determinados casos.
Lo cierto es que en Francia, Alemania o Italia existe un modelo mixto, pero no se ha eliminado del todo la figura de los jueces de instrucción, como está planteando el Gobierno de Sánchez. En otros países de nuestro entorno, los fiscales supervisan directamente la investigación policial y, en muchos casos, dirigen la recogida de pruebas. Si consideran que hay suficiente evidencia, el Ministerio Fiscal es el encargado de presentar el caso ante los tribunales, aunque no se ha eliminado por completo el papel de los magistrados.
Los jueces siguen revisando o controlando ciertos aspectos del proceso de la instrucción para garantizar la imparcialidad. La cuestión es si una Fiscalía tan politizada como la de García Ortiz, que Sánchez ha llegado a definir como la de "su fiscal", puede instruir casos de corrupción que afectan al Gobierno y si su imparcialidad estaría garantizada en casos que investigan a miembros del PSOE.