La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha decidido mantener a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. En diciembre de 2023, el Gobierno de Pedro Sánchez le renovó en el puesto.
El Alto Tribunal adopta esta decisión un día antes de que García Ortiz declare como investigado ante el magistrado Ángel Luis Hurtado por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo 2/109/2024 interpuesto por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales contra el Real Decreto 1182/2023, de 27 de diciembre, por el que se nombra fiscal general del Estado a don Álvaro García Ortiz".
El recurso presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) defendía que García Ortiz no era "idóneo" para desempeñar "la jefatura de todos los fiscales de España" por sus actuaciones, entre ellas la sentencia del Supremo que apreció "desviación de poder" en su decisión de nombrar fiscal de Sala a Dolores Delgado, su antecesora en el cargo.
Indistintamente de lo que resolvieran los magistrados sobre este nombramiento, la causa contra García Ortiz por revelación de secretos continuaría en manos del Supremo, ya que además de ser fiscal general es fiscal de Sala, cargo que también está aforado ante el Alto Tribunal.
García Ortiz pidió al tribunal que desestimase el recurso al considerar que la asociación solo intentaba "socavar" al Gobierno y conseguir "publicidad". En su escrito de conclusiones, presentado el pasado noviembre, la defensa del fiscal general acusaba a la APIF de basar su impugnación "única y exclusivamente en consideraciones de índole estrictamente subjetiva".
Su abogado sostenía que "lo que se pretende al interponer el recurso" es "que se inicie el proceso judicial, que el nombramiento esté durante varios meses en cuestión y que la asociación demandante obtenga 'publicidad' por medio de este procedimiento, que, según parece, no tiene por otros cauces, y 'socavar' al Gobierno (de turno) que efectúa el nombramiento, eso sí, de modo 'indirecto".