Los pacientes con leucemia linfoblástica aguda (LLA) acaban de recibir una mala noticia. Mónica García acaba de rechazar la financiación de un medicamento pensado para este tipo de cáncer. Pero quizás lo peor es que este tipo de rechazos se ha convertido en una especie de práctica habitual en España. En nuestro país, de hecho, los medicamentos aceptados en la carpeta de financiación pública son sólo el 62% de los admitidos por la UE.
La negativa del Ministerio de Sanidad se centra en la financiación pública del anticuerpo monoclonal blinatumomab. Aprobado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) hace ya una década para tratar casos de recaída o refractariedad en pacientes adultos. De hecho, a los dos años de su aceptación por la EMA comenzaron las negociaciones con la Comisión de Precios del Ministerio de Sanidad. Negociaciones que siguen concluyendo con la negativa española a aceptar su financiación con fondos públicos.
El último intento de aceptación del fármaco dio comienzo el pasado mes de noviembre. Y la ultima negativa se comunicó el pasado día 23 de enero. De este modo, sólo los pacientes que puedan pagarlo privadamente podrán seguir accediendo a él mediante el uso de medicación extranjera.
Y no se trata del único caso de esta política de aquellos que dicen defender la sanidad pública pidiendo el cierre de los hospitales de gestión privada –que lo único que hacen es vaciar las listas de espera de los públicos– .
Falta de equidad para acceder a los mejores tratamientos
Mónica García, a través de su Ministerio, está acentuando la falta de equidad para acceder a los mejores tratamientos posibles, con un fuerte impacto en los pacientes: generando pacientes de primera y de segunda, con especial impacto en la población más vulnerable.
Dos ejemplos explican esta situación. El primero de ellos es el caso del nuevo modelo de financiación de fármacos del proyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios.
¿Qué supone? Para empezar, la recuperación de las subastas de medicamentos bajo la denominación de "precios seleccionados", lo que ocasiona una batalla de precios cada dos meses por rebajar el precio de moléculas sin patente para quedarse con la cuota del mercado nacional. Este esquema provoca cambios muy frecuentes en la medicación de los pacientes, lo que supone un obstáculo para el cumplimiento terapéutico, dificultando la adherencia a los fármacos, con especial impacto en la población polimedicada.
Además, se ha favorecido la introducción del copago "extra", obligando a los pacientes que están bajo tratamiento de un medicamento prescrito por su especialista que no sea seleccionado por su precio más bajo a abonar la diferencia en el precio con el medicamento recetado por su médico, afectando a la población más vulnerable.
Difícil acceso a los fármacos oncológicos
El segundo de los efectos pasa por la alarmante situación del acceso a los fármacos oncológicos. Y es que la situación es crítica para los pacientes oncológicos en España, con retrasos escandalosos en la aprobación de las innovaciones terapéuticas, no atendiendo a la vulnerabilidad de los pacientes ni a la gravedad de la enfermedad
Los datos son evidentes: la aprobación de las innovaciones oncológicas autorizadas por Europa, están tardando en España cerca de 700 días (la normativa europea regula un periodo máximo de 180 días).
Y del total de los 167 fármacos nuevos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento entre 2019 y 2022, España tenía incorporados en la financiación pública en enero de 2024 un total de 103, el 62% de los autorizados (muy por detrás de países
como Alemania – 88%- o Italia -77%-).