Mientras David Sánchez intenta evitar que la juez Beatriz Biedma investigue al asesor de Moncloa que se dirigía a él como "querido hermanito", las acusaciones populares tratan de indagar más si cabe en su relación con Luis Carrero, quien, curiosamente, habría sido el encargado de entregar hace apenas dos semanas los preceptivos informes anuales sobre el trabajo del músico en la Diputación de Badajoz.
A tal fin, Manos Limpias ha solicitado a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 que llame a declarar a ambos y que, además, realice un peritaje de su firma para tratar de aclarar si, tal y como sospechna, dicho material probatorio pudo haber sido "preconstituido", ya que, a diferencia de lo que sucede en otros departamentos, estos dosieres fueron firmados a mano y no llegaron a la Diputación hasta después de que fueran reclamados por la jueza para ser incorporados a la causa.
Así lo confirmó el propio responsable de Cultura, Manuel Candalija, que reconoció que los ocho documentos no fueron depositados en su despacho hasta el pasado 3 de febrero. El encargado de hacérselos llegar fue el propio Carrero que, tras asesorar a David Sánchez desde la Moncloa, comenzó a trabajar codo con codo con él en Badajoz a principios de 2024.
Todos ellos aparecieron firmados a boli, en lugar de digitalmente, y no fueron enviados por medios telemáticos, sino en una misteriosa carpeta. Por eso, Manos Limpias considera "esencial" que el hermano del presidente del Gobierno vuelva a declarar como imputado para aclarar el contenido de esos informes, así como "la forma en que han sido fechados, redactados y entregados a la Diputación de Badajoz". La sospecha: que, en lugar de haber sido elaborados año tras año, hubieran sido fabricados "ad hoc" ante las diligencias ordenadas.
Para aclarar todas las dudas, la acusación popular solicita que se requiera a la Diputación de Badajoz que aporte los originales y que se realice una "peritación por parte del Gabinete Caligráfico de la UCO, al objeto de determinar la fecha de expedición de dichos documentos". En ese sentido, y según consta en el escrito enviado a la jueza, Manos Limpias se pregunta si es que antes de la fecha en que presentó estos informes, "no le constaba a la Diputación qué actividades llevaba a cabo supuestamente su servidor don David Sánchez".
El curioso papel de Luis Carrero
En esta tesitura, Manos Limpias también considera necesaria la citación del propio Luis Carrero, ya sea "en calidad de investigado o subsidiariamente como testigo", algo que a buen seguro no le hará ninguna gracia al hermano del presidente, quien acaba de recurrir ante la Audiencia de Badajoz la orden de la juez Beatriz Biedma de investigar la contratación del polémico asesor de Moncloa que se dirigía a él como "querido hermanito" y que, ya antes de aterrizar en la Diputación provincial, le ayudaba desde la Unidad de Mensaje de presidencia del Gobierno a mover sus proyectos y acceder a jugosos fondos europeos.
En su escrito de apelación, la defensa de Sánchez considera esa decisión "no ajustada a derecho" por tratarse de una "expansión" de la investigación judicial inicial. De ahí que reclame la nulidad de una decisión que entiende que vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías.
¿Un "estrambote procesal"?
Cuando en su declaración del pasado mes de enero la instructora le preguntó quiénes eran sus subordinados, David Sánchez mencionó a Carrero, por lo que Biedma se interesó por las comunicaciones mantenidas entre ambos, descubriendo que su relación se remontaba a mucho antes de aterrizar en la Diputación de Badajoz; casualmente, cuando este último trabajaba para la presidencia del Gobierno.
Sus abogados insisten, no obstante, en que investigar la relación profesional entre ambos no estaba entre los objetivos con los que la magistrada justificó la intervención de los correos electrónicos de David Sánchez, por lo que consideran que este giro de la investigación no es más que un "estrambote procesal", ya que, según defienden, los propios interrogatorios habrían validado la "ortodoxia administrativa de la plaza en régimen de comisión de servicios" que ostenta Luis Carrero.