La UCO ha analizado todas las ramificaciones de la trama Hidrocarburos. Ha estudiado su inmenso volumen de negocio ilegal -que afecta a un 99% de la actividad-, su magnitud de facturación, su entramado internacional y sus conexiones con el poder. Y ha llegado a una conclusión: que la trama Hidrocarburos no fue detectada inicialmente por sus "sinergias de poder con la Administración".
La UCO incluye en uno de sus informes un análisis de la "tipología" de la estructura detectada en el caso Hidrocarburos, el que instruye el juez Santiago Pedraz y donde se encuentra depositada una de las principales pruebas de todas las tramas de corrupción que rodean al Gobierno de Pedro Sánchez: el móvil de Víctor de Aldama con conversaciones con "miembros del Gobierno", muchas de ellas con un aparente intento de borrado por parte de los citados miembros —ha aparecido en muchas de ellas el siguiente mensaje: "El cogido de seguridad ha sido modificado"—.
"Búsqueda de beneficios y poder"
En su descripción, la UCO señala que la actividad delictiva detectada "lleva aparejada, de manera inherente, la búsqueda de beneficios y poder". Y que "los altos beneficios obtenidos posibilitan a sus principales dirigentes la generación de sinergias de poder con órganos de dirección de empresas y de la propia administración". Es más, que esos factores han sido "necesarias para asegurar la permanencia en el tiempo en sus operativas criminales".
La UCO confirma sus tesis: "Esta cuestión se ha evidenciado, tanto en la presente investigación como en otras realizadas por esta Unidad, todas ellas relativas a la comisión de delitos contra la Hacienda Pública cometidos en el sector de los hidrocarburos, sector estratégico de España".
Fraude en el IVA de 182 millones de euros
La Hacienda Pública. El departamento de María Jesús Montero.
Hay que recordar que el caso Hidrocarburos fue detectado tras comprobar los negocios y mensajes de la trama del PSOE en el caso Koldo, Aldama o Ábalos. Hasta ese momento, no se había frenado un entramado societario que, sin embargo, había conseguido, entre 2022, 2023 y 2024 un volumen de fraude en el IVA de 182 millones de euros, una red de intermediarios de siete sociedades y, lo que es más llamativo, un peso del fraude con respecto al negocio legal de nada menos que el 99%. Pero todo ello necesitó de la actuación de la UCO para ser cazado.
El informe de la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso Hidrocarburos destaca un hecho altamente polémico. Y es que un caso con un volumen tan brutal de fraude como éste no haya sido cazado por Hacienda, sino que lo haya sido de rebote por la investigación del caso PSOE-Koldo.
El informe describe la trama: "En las actuaciones de comprobación e investigación sobre la entidad Villafuel SL se ha puesto de manifiesto, en lo referente al Impuesto sobre el Valor Añadido, períodos impositivos comprendidos en los años 2022, a 2024 (en concreto, desde el mes de diciembre de 2022 hasta el mes de febrero de 2024), que la sociedad, respecto de la inmensa mayoría de sus ventas de hidrocarburos (cerca del 99% de su negocio), defrauda el IVA correspondiente a las mismas no repercutiendo, ni cobrando, improcedentemente, a sus clientes destinatarios reales (fundamentalmente, intermediarios y gasolineras) las cuotas de IVA devengadas con ocasión de dichas ventas". Y ese 99% pasó los controles hasta que llegó la UCO.