La denuncia fue presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha acusado al fiscal de filtrar información confidencial.
Esta resolución del Supremo llega en un momento de alta tensión política, ya que la denuncia de González Amador pone en el centro del debate la integridad de altos funcionarios del Estado, en especial en relación con su actuación en casos que afectan directamente a figuras del PP. La medida ha sido respaldada por aquellos que consideran que la justicia debe actuar con total independencia, sin importar la posición política de los implicados.
La decisión refuerza la postura del PP, que ha defendido la necesidad de esclarecer a fondo las acusaciones y garantizar que no haya impunidad en ningún ámbito del poder. Desde el entorno de Isabel Díaz Ayuso, se ha manifestado que este tipo de investigaciones son esenciales para preservar la transparencia y la confianza en las instituciones.