El magistrado Jaime Lozano Ibáñez, vicepresidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, ha denunciado públicamente la "deriva autoritaria" del Tribunal Constitucional durante una entrevista concedida este sábado en el programa La Trinchera de Llamas en esRadio presentado por Manuel Llamas.
La intervención de Lozano se produce en plena polémica por la posibilidad de que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, intente limitar que los jueces españoles puedan plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), una herramienta clave para garantizar la primacía del derecho comunitario.
"Habrá que ver qué es lo que realmente, finalmente, pretende hacer el Tribunal Constitucional, si es que pretende hacer algo. Yo pienso que, si simplemente se informan un poco —y creo que lo están haciendo, pidiendo informes a los letrados—, aunque sinceramente el propio Tribunal Constitucional, sin necesidad de que los letrados les informaran, tendría que estar más al cabo de la calle de lo que hay, pues supongo que finalmente no intentarán hacer nada, porque es algo que está fuera de toda posibilidad. O sea, que no creo que llegue la sangre al río. Quiero creerlo, sencillamente, porque verdaderamente no tiene el Tribunal Constitucional ningún instrumento para impedir ese planteamiento, a mi juicio", afirmó Lozano.
Una sentencia inquietante
El magistrado hizo también referencia al artículo que ha publicado recientemente en The Objective, donde analiza la evolución del Tribunal Constitucional en los últimos meses. En su opinión, una reciente sentencia del órgano muestra un preocupante cambio de rumbo en la interpretación de los derechos fundamentales.
"Me centro en la sentencia que se dictó hace unos meses, donde el Tribunal Constitucional, sin venir a cuento —porque no se planteaba ninguna cuestión relativa al estado de alarma—, se permite enmendar las sentencias que habían anulado los estados de alarma", explicó.
"En esta sentencia —su lectura causa bastante inquietud—, el Tribunal Constitucional afirma cosas como que 'la salud del pueblo es la ley máxima'. Eso lo dice un tribunal cuya función es proteger los derechos individuales. Dice cosas como que 'hay que estar a la realidad práctica más que a otras cosas', y dice que las limitaciones absolutas de los derechos, que la anterior sentencia había dicho que eran suspensiones —por tanto, prohibidas, salvo en los estados de sitio o excepción—, si no se llaman por el legislador 'suspensión', con esa palabra, entonces no son suspensiones: son limitaciones y, por tanto, se pueden adoptar por mero estado de alarma o incluso sin estado de alarma, con una ley orgánica que lo autorice".
Más margen para limitar derechos
Según Lozano, esta nueva doctrina "rebaja de manera muy sensible el nivel de protección de los derechos y deja un campo a la ley y al Gobierno amplísimo para adoptar medidas que son verdaderas suspensiones de derechos sin un control efectivo, y más allá de lo que, hasta este momento, se podía según la Constitución y la interpretación que había mantenido el propio Tribunal Constitucional".
"Entonces, esta sentencia —y, si la unimos con lo que está sucediendo ahora, veremos en qué queda el intento, totalmente absurdo, de impedir que un tribunal español acceda al Tribunal de Justicia—, pues evidentemente revela una concepción, a mi juicio, autoritaria de las propias competencias del Tribunal Constitucional, y de las que el Tribunal Constitucional está reconociendo al poder político", concluyó. "Con lo cual, en mi opinión, sí hay una deriva del Tribunal Constitucional hacia posiciones autoritarias, o que facilitan el establecimiento de medidas de tipo autoritario".