Los Mossos nunca tuvieron intención de detener a Puigdemont cuando apareció en Barcelona para celebrar un mitin y se volvió a fugar. Sucedió el pasado 8 de agosto. El expresidente de la Generalidad prófugo había prometido que se presentaría a la sesión de investidura ganara o perdiera las elecciones. Las perdió, quedó por detrás de Salvador Illa, pero por una vez cumplió su palabra.
Contó para ello con las omisiones de los Mossos d'Esquadra, la misma policía autonómica que evitó frenar el referéndum ilegal del 1-O, la que se enfrentó a la Policía Nacional y la Guardia Civil en defensa de los políticos golpistas y la que facilitó su primera fuga. Y en esta ocasión volvieron a estar "a la altura".
Según se desvela en un libro de la periodista Mayka Navarro y el investigador privado Francisco Marco, el que era la máxima autoridad policial de los Mossos d'Esquadra en aquellos momentos, el comisario Eduard Sallent, escribió en un chat con mandos del cuerpo que el objetivo no era detener a Puigdemont sino garantizar la celebración del pleno de investidura.
Él mismo había creado el grupo el 5 de agosto con el nombre "Dispositiu investidura" y en él estaban todos los mandos implicados. Según señala La Vanguardia en un avance de libro, el primer mensaje de Sallent fue el siguiente:
En relación a la reunión de hoy: el dispositivo tiene como objetivo garantizar la celebración del pleno. En el marco de este dispositivo existe la posibilidad de que se produzca la detención del presidente Puigdemont. Pero no es la finalidad del dispositivo. En la reunión de hoy hemos planificado el dispositivo en diferentes escenarios y hemos evaluado hipótesis sobre una hipotética presencia del expresidente. Hemos definido un dispositivo pulcro y equilibrado que garantice su eficacia sin estridencias. Quien tenga alguna consideración a hacer que la haga en las reuniones con transparencia.
La comisaria que ejercía como jefa de la policía autonómica en Barcelona, Rosa Boch, respondió al mensaje con dos emoticonos de un pulgar en alto.
Antes de esas instrucciones, los Mossos habían mantenido múltiples reuniones y todas con un denominador común: nadie quería hacerse cargo de la detención de Puigdemont porque según Sallent había que evitar la imagen de una "autoridad política" rodando por los suelos.
Trato VIP y pacto con el Ministerio de Interior
En primer lugar se decidió que un intendente de paisano se hiciera cargo de la detención si es que se daba el caso de no poder evitar toparse con el prófugo. Luego se diseñó un operativo para tratar a Puigdemont como una especie de arrestado VIP. En la sede de la Ciudad de la Justicia se había habilitado un despacho en la sexta planta para que Puigdemont esperara la decisión del Tribunal Supremo y se decidió que se le trasladaría de noche y en coche para evitar que el expresidente catalán tuviera que visitar los calabozos del Supremo.
Además, se había pactado con el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, que no sería la Guardia Civil la encargada de realizar el traslado de Puigdemont sino los Mossos d'Esquadra. Se da la circunstancia de que el traslado de detenidos es competencia del Instituto Armado, pero el objetivo era evitar que la Guardia Civil pudiera aparecer en las fotos de la detención.
En toda esta conjura, los Mossos sólo encontraron un obstáculo, la juez decana de Barcelona, Cristina Ferrando, quien según se explica en el avance editorial se negó en redondo a que Puigdemont esperara su traslado a Madrid en un despacho en vez de en un calabozo y a que el viaje se hiciera de noche. La juez avisó de que si era detenido, no habría trato de favor. Puigdemont sería conducido a un calabozo primero y a Madrid cuando diera la orden el Tribunal Supremo.
Pocos días después de la segunda fuga de Puigdemont, el mayor Josep Lluís Trapero fue nombrado director general de los Mossos y reveló a Sallent y lo sustituyó por Miquel Esquius, quien ya había ocupado la jefatura cuando el consejero de Interior era Miquel Buch.
Como se recordará, Trapero llegó a asegurar en el juicio en el Tribunal Supremo a los golpistas que tenía un plan para detener a Puigdemont en octubre de 2017, pero que no lo puso en práctica porque no recibió la orden judicial. En esta segunda ocasión, la orden del magistrado Pablo Llarena era clara y taxativa. Dio igual. Puigdemont se paseó por Barcelona y se fue por donde había venido sin problema de ningún tipo, hasta el punto de que La Vanguardia se pregunta en el titular sobre el libro de la no detención si la huida de Puigdemont fue un "pacto de Estado".