Con reticencias, la mayoría de la Mesa del Congreso, integrada por PSOE y Sumar, ha aceptado a trámite la solicitud del Partido Popular para que el presidente Pedro Sánchez comparezca en la Cámara Baja y dé explicaciones sobre el escándalo relacionado con Leire Díez. Aunque la comparecencia no está previsto para antes de julio y la tendrá que establecer la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en un pleno extraordinario y que en el Gobierno justifican por la cantidad de viajes que, en las próximas semanas, tendrá Sánchez.
Hasta ahora, Armengol había tratado de evitar esta comparecencia, que también exigía ERC, llegando a negarse a tramitarla durante la semana pasada, escudándose en que era un pleno telemático. La presión de sus socios, ERC y Podemos, ha sido clave para un cambio de postura pero mezclándolo con otras cuestiones.
"Cumplirá la ley", se limitó a decir el portavoz socialista Patxi López en rueda de prensa, sin ofrecer una fecha concreta. No será hasta julio cuando el presidente tiene previsto comparecer en el Congreso. Todo apunta a que el secretario general del PSOE abordará el caso de la exmilitante Leire Díez durante el pleno extraordinario de la segunda quincena.
Sánchez podría aprovechar la cumbre de la OTAN del próximo 24 y 25 de junio y la reunión del Consejo Europeo el 26 y 27 de este mes para desviar la atención de los casos de corrupción que afectan al PSOE, centrando el foco en los asuntos tratados y que previsiblemente tendrán que ver con el aumento del gasto militar. Un tema que suele generar fricciones entre los socios del Gobierno.
La cumbre de la Organización Atlántica supondrá un gran reto para el Gobierno ya que podría elevar la exigencia del 2% del PIB en gasto en defensa a más allá del 3,5% o incluso, como piden los países del norte, a un 5%. "Lo importante no es hablar de porcentajes sino de capacidades", afirmaba José Manuel Albares tras el Consejo de Ministros, tratando de desviar el foco en un asunto que también incomoda al Gobierno ya que una exigencia aún mayor le obligaría a contar con Presupuestos. Este asunto, de gran importancia, acabaría por diluir otras cuestiones más nacionales como el procesamiento de García Ortiz o los asuntos de Leire Díez.
Malestar de los socios
La decisión ha generado un profundo malestar en el bloque progresista, que sostiene que se trata de un asunto interno del PSOE, ajeno a la acción del Gobierno. Así tratan de desvincular las cloacas socialistas a la imagen del Ejecutivo Central. Desde Sumar, más que exigir responsabilidades a su socio de coalición, centran sus críticas en la exafiliada, a quien reclaman que dé explicaciones públicamente. Una petición que hacen una semana después de que Díez ofreciera una rueda de prensa en la que irrumpió el comisionista Víctor de Aldama y mientras los escándalos en torno al entorno socialista no dejan de salir a la luz.