La documentación de la cloaca a la que ha tenido acceso Libertad Digital prueba todo un plan de ataque al juez Peinado, el magistrado que instruye el caso contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez; a la juez Biedma, la instructora del caso contra el hermano del presidente; a Manuel Marchena, en aquel momento presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; a la UCO en su conjunto; al teniente coronel Balas de esa misma unidad de la Guardia Civil; y, al menos, al fiscal anticorrupción Grinda, de la unidad de la Fiscalía que ha amparado a Víctor de Aldama para que saliera de prisión provisional a cambio de aportar su información a la Justicia. Pero el caso de José Grinda y Juan Carlos Peinado es llamativo.
Y es que el operativo de la cloaca debía tenerles una especial inquina porque los unió en un plan de forma que pudiese actuar contra los dos de forma simultánea. Un plan que pasaba por denunciarlos, al juez, por los trabajos en el caso PDVSA, y al fiscal por no haber "verificado" la labor de Peinado y haber dado validez a diligencias que la cloaca no comparte.
Libertad Digital ha accedido a documentos internos de la cloaca donde se detallan operativos: "Se va a denunciar en cascada a todos los elementos de la cadena que llevaron al Tribunal Constitucional a decretar que la detención y prisión incondicional por 14 meses de NV fue ilegal". NV es Nervis Villalobos, un exministro de Hugo Chávez que fue detenido en el marco de las operaciones del caso PDVSA, que instruyó Peinado y que logró el amparo del Tribunal Constitucional por su detención.
Pero si surrealista es la trama contra Peinado, aún más lo es contra Grinda: "Primera Denuncia: el Policía falsificó un documento de Condena del Departamento de Justicia de USA para justificar la prisión de NV", afirma la cloaca. "Segunda Denuncia: el Policía hizo desaparecer 3 actas de entrega de una denuncia, con 3 pen drives adjuntos, 25 ficheros y 20.000 páginas de documentos contables para sustituirlos por otros registros FALSOS con los que construir una acusación de desvío de fondos", insisten. Y en ese momento apuntan a una tercera "denuncia", contra "el Fiscal Grinda por dar validez a los informes anteriores sin verificarlos. El fiscal Grinda pidió la detención y entrada en prisión de las víctimas sin verificar su contenido, a pesar de que fue advertido de que era FALSO".
El ataque a Grinda no acababa ahí, pretendían "presentar denuncias y testimonios" por infinidad de supuestas cuestiones: hacer" desaparecer una causa completa del juzgado"; un supuesto caso de "abuso"; "filtrar a la prensa 1.300 páginas de transacciones financieras confidenciales"; y "la manipulación de una investigación" que afectaba a un grupo de medios.
Contra Peinado preparaban una "querella sobre la base de los informes FALSOS" de un policía y la petición "del Fiscal GRINDA", en el envío de "NV a prisión durante 14 meses sin hacer comprobación alguna y desoyendo a la Audiencia Provincial que corregía sus decisiones".
Libertad Digital ya ha explicado que uno de los objetivos de la cloaca que lideraba Leire Díez, mano derecha de Santos Cerdán, pasaba por generar una supuesta causa de recusación contra el magistrado Peinado en base a una vulneración de derechos de un exministro venezolano de Hugo Chávez. Pero el plan completo contemplaba muchas más acciones, incluido un ataque colateral: en base a esa argumentación, la cloaca pretendía "denunciar en cascada a todos los elementos de la cadena que llevaron al Tribunal Constitucional a decretar que la detención y prisión incondicional por 14 meses de NV fue ilegal". NV es Nevir Villalobos, el citado exministro del dictador Chávez.
En la investigación inicial del caso PDVSA llevada a cabo con el liderazgo instructor del juez Juan Carlos Peinado en el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil actuó como cuerpo de policía judicial. La UCO intervino en toda la recopilación de pruebas y en la ejecución de diligencias relacionadas con el presunto blanqueo de capitales por parte de altos cargos y empresarios venezolanos vinculados a la petrolera estatal PDVSA. Posteriormente, la Audiencia Nacional, a través del Juzgado Central de Instrucción nº 3, asumió la competencia del caso, y la investigación continuó bajo la dirección de la jueza María Tardón.
En esta nueva fase, la UCO también mantuvo su papel como cuerpo de policía judicial, colaborando en las pesquisas dirigidas por la Audiencia Nacional. Eso sí, en algunas de las diligencias, en concreto, en la detención de Névir Villalobos intervino la UDEF.
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