Jueces y fiscales españoles han viajado este martes a Estrasburgo para denunciar ante el Parlamento europeo el atropello a la Justicia que supone la Ley Bolaños, todavía en trámite parlamentario y que podría ser aprobada antes del verano. "El Gobierno está reformando rápidamente la ley para copar la administración de Justicia" como "reacción a su situación judicial", han denunciado, advirtiendo de que sus intenciones son "colonizar a jueces y fiscales".
Representantes de hasta cinco asociaciones, la Asociación de fiscales, de la Asociación Profesional de la Magistratura, de Francisco de Vitoria, del Foro Judicial Independiente y de la Asociación Independiente de Fiscales, se van a reunir con eurodiputados de todos los grupos, salvo los socialistas, para advertir de las graves consecuencias de esta norma que busca colar por la puerta de atrás a jueces y fiscales sin la formación suficiente para que le deban el cargo al Gobierno y, de esa forma, controlar la Justicia.
Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, ha denunciado ante los medios que el Ejecutivo pretende "dar más poder al Fiscal General del Estado" y, por tanto, "menos capacidad de independencia a los fiscales", cuando el Fiscal es designado por el Gobierno. "Los contrapesos internos al poder absoluto del Fiscal General del Estado desaparecen con esta reforma, de manera que, cuando se encomiende a los fiscales la investigación penal de los delitos, los intereses del Gobierno podrán estar presentes en la Fiscalía", ha alertado.
Entre los encuentros programados hay una reunión con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Henna Virkunnen, el comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, o la presidenta del Parlamento europeo, Roberta Metsola, además de representantes del PPE, Renew, ECR, Patriots, Los Verdes o la Izquierda, incluidos Dolors Montserrat y Esteban González Pons, del PPE. Todos, menos el grupo de los socialistas, que se niegan a recibirles en el Parlamento europeo.
El despertar de Europa sobre España
Coincide que su llegaba tiene lugar cuando está previsto que se publique el informe sobre el Estado de Derecho que elabora anualmente la UE, aunque en este caso se referirá al año 2024, por lo que las denuncias que puedan llevar a cabo se tendría en cuenta en todo caso para el texto del próximo año, que estudiará la situación de los países de miembros en 2025. Será entonces cuando se pueda decidir sobre posibles actuaciones o sanciones. Aún así, la denuncia busca remover conciencias en Europa y presionar al Gobierno para frenar sus intenciones.
"Se están haciendo estas reformas para beneficiar al Gobierno e impedir que prosperen investigaciones contra miembros del mismo o familiares del presidente", ha advertido Dexeus. Alejandro González Mariscal de Gante, portavoz de la APM, ha recordado que su visita a Estrasburgo se suma a la huelga de tres días protagonizada la semana pasada por jueces y fiscales en España, y que tuvo un seguimiento del 80%.
González ha criticado que "hay un intento de politizar la Justicia". "Venimos a defendernos y defender a los ciudadanos que van a deteriorar la separación de poderes y el Estado de Derecho", ha advertido, criticando que el Gobierno lleva tiempo intentando "generar desconfianza entre los ciudadanos hacia jueces y fiscales para promover luego estas reformas".