El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha reincidido y pretende utilizar a su favor el demoledor informe de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho en España. Como ya hiciera con la Comisión de Venecia y su varapalo a la Ley de Amnistía, Bolaños sostiene que Bruselas ha avalado la lucha del Gobierno contra la corrupción, pero lo cierto es que dice justo lo contrario.
Según Bolaños, la UE ha "avalado" las reformas judiciales del Gobierno, como la llamada Ley Bolaños, con la que pretenden tomar el control de la Justicia, según denuncia la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales, que han protagonizado incluso una huelga de tres días y han viajado a Estrasburgo para que Europa lo frene.
Sin embargo, el informe de la CE recomienda "redoblar los esfuerzos para solucionar los escollos relativos a la duración de las investigaciones y enjuiciamientos con el fin de aumentar la eficiencia en los asuntos de corrupción de alto nivel, en particular mediante la finalización de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".
Nada, por tanto, de colar jueces y fiscales sin formación suficiente por la puerta de atrás o de entregar la instrucción de las causas a la Fiscalía, como pretende el Ejecutivo. El texto recoge también que "la duración de los procesos judiciales, en particular los sustanciados por el Tribunal Supremo, sigue siendo un problema y se han tomado nuevas medidas para mejorar la situación".
La Fiscalía
En cuanto a la reforma de la Fiscalía, PP y PSOE acordaron tomar medidas para garantizar su independencia durante la renovación del CGPJ, que se llevó a cabo por mediación europea. Europa advierte en su informe de que no se ha avanzado "en lo que respecta a la disociación en el tiempo del mandato del fiscal general del Estado con el del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la independencia y autonomía del Ministerio Fiscal".
Señala, además, que "la valoración de la independencia judicial en España sigue siendo baja entre la ciudadanía y pasa a ser media entre las empresas" y confirma que "según las normas europeas, si bien la crítica de las resoluciones judiciales es un aspecto normal del debate democrático, los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar caer en críticas que minen la independencia del poder judicial o la confianza pública en este", como hacen miembros del Ejecutivo, especialmente contra el Tribunal Supremo.
El CGPJ
Precisamente, sobre el CGPJ y su independencia, la CE exige que se "impulse el proceso de adaptación del procedimiento de nombramiento de los jueces miembros del Consejo General del Poder Judicial, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los consejos del poder judicial", ya que el Ejecutivo no lo ha puesto todavía en marcha, pese al compromiso firmado con el PP y Bruselas.
En cuanto a la lucha contra la corrupción por parte del Gobierno, que según Bolaños ha sido avalada por la CE, el texto señala que "el Gobierno está obligado por ley a aprobar una estrategia global destinada a prevenir y combatir la corrupción, si bien la actividad correspondiente aún no se ha puesto en marcha".
A todas estas recomendaciones se suma que el texto recoge muchas de las polémicas que se están produciendo en España a cuenta de la Justicia y los intentos del Gobierno por controlarla. Desde las protestas de sus integrantes, a la Ley de Amnistía o el procesamiento del Fiscal General del Estado.