
El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha enviado al Senado una misiva en la que avisa de que en diciembre caducará su mandato y el de otros tres magistrados, por lo que la Cámara Alta deberá activar el proceso para designar a sus sustitutos. Aunque el presidente suele avisar a la Cámara Alta con cuatro meses de antelación, este año se ha adelantado porque el plazo se cumple el 17 de agosto, fecha inhábil en el tribunal, según ha informado La Razón.
Los cuatro magistrados que verán caducar su mandato en diciembre son el propio Conde-Pumpido, la magistrada del bloque progresista María Luisa Balaguer y los magistrados del ala conservadora Ricardo Enríquez y José María Macías. Este último, sin embargo, podrá repetir y extender su mandato nueve años -si es propuesto por el Senado-, dado que tomó posesión de forma más reciente, en sustitución del magistrado Alfredo Montoya, que renunció por motivos de salud en julio de 2022.
¿Vuelco a la derecha del tribunal?
De este modo, la actual mayoría progresista del tribunal con siete magistrados frente cinco conservadores, podría verse afectada tras la salida de estos cuatro magistrados (dos progresistas y dos conservadores). Hay que recordar que la última vez que se renovó el TC entraron cuatro nuevos magistrados produciéndose un cambio de mayorías. La antigua mayoría conservadora (de seis magistrados frente a cinco) dio un vuelco a una consolidada mayoría progresista (de siete contra cuatro).
Hay que subrayar que el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey. Cuatro de ellos son designados a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; otros cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según establece la Constitución, el tribunal debe renovarse por tercios cada tres años y los magistrados designados en cada ocasión son elegidos para cumplir su mandato durante un plazo de nueve años.
¿Se irá Sánchez también?
Debido a la inestabilidad política y pese a que Pedro Sánchez insiste en que va a continuar en La Moncloa hasta 2027, un adelanto electoral podría alterar esta renovación del TC. En caso de darse ese escenario, el PP (que tiene mayoría absoluta pero no los 3/5 necesarios) podría bloquear el proceso hasta después de las generales, con la esperanza de alcanzar esa mayoría reforzada en solitario o junto a Vox. Si lo logra, podría imponer una mayoría conservadora en el Constitucional, incluso eligiendo a los cuatro magistrados sin contar con el PSOE, lo que supondría un duro revés para la izquierda y un lavado de cara considerable en el tribunal.
Aunque Conde-Pumpido, Balaguer, Enríquez y Montoya fueron propuestos por el PP y el PSOE en el Senado en marzo de 2017, sus mandatos vencen en diciembre de 2025 porque emprendieron su andadura en el Constitucional con tres meses de retraso, dado que tenían que haber sido elegidos en diciembre de 2016, cuando caducó el mandato de los magistrados salientes.
La renovación del TC llevaría consigo la elección de un nuevo presidente del tribunal. Conde-Pumpido asumió el cargo en enero de 2023 tras obtener seis de los 11 votos que estaban en juego; la también progresista Inmaculada Montalbán fue elegida vicepresidenta. Estos nombramientos supusieron la ruptura de la norma no escrita que se había aplicado durante los últimos años, según la cual la Presidencia correspondía al sector mayoritario y la Vicepresidencia, al minoritario. En caso de que la renovación del tribunal derive en un empate entre los dos bloques, la elección del nuevo presidente podría retrasarse de forma considerable.

